REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
VISTO SIN INFORMES.
I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
PARTE DEMANDANTE: MIGUEL ANTONIO MORENO y FANNY ESPERANZA MORENO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.194.228 y 3.194.615 respectivamente, casado y divorciada, y domiciliados en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: EFRAÍN JOSÉ RODRÍGUEZ GÓMEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 28.204; según poder apud-acta otorgado en fecha 21/06/2006 (f. 20).
PARTE DEMANDADA: FLORINDA ÁVILA DE SALINAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.149.511, y de este domicilio.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: ORLANDO PRATO GUTIERREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 33.973; según poder apud-acta otorgado en fecha 13/06/2006 (f. 19).
MOTIVO: Desalojo de inmueble.
EXPEDIENTE: Nº 5000.
II
PARTE NARRATIVA
PRIMERO: Los ciudadanos MIGUEL ANTONIO MORENO y FANNY ESPERANZA MORENO asistidos por el Abogado EFRAÍN JOSÉ RODRÍGUEZ GÓMEZ; ocurrió ante este Juzgado para demandar a la ciudadana FLORINDA ÁVILA DE SALINAS.
Fundamentó la acción en los hechos siguientes:
-Que son propietarios de un inmueble ubicado en la calle 12, Pasaje Cumaná, Barrio Puente Real, signado con el Nº G-50 de la nomenclatura municipal, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira.
-Que realizaron un contrato de arrendamiento con la ciudadana FLORINDA ÁVILA DE SALINAS.
-Que se fijó el canon arrendaticio en la suma de OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 800,00) mensuales.
-Que debía realizar una reconstrucción al inmueble, e instalar allí a su hijo y sobrino JAIRO JOSÉ MORENO VIVAS con su grupo familiar.
-Que en virtud de lo anterior era que demandaba a la ciudadana FLORINDA ÁVILA DE SALINAS, para que conviniera o fuese condenada por el Tribunal:
• En desalojar el inmueble descrito para hacerle reparaciones e instalar allí a su hijo y sobrino ya identificado.
Estimó la demanda en UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00) y la fundamentó en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (fs. 1 al 11).
SEGUNDO: El 08/05/2006 este Tribunal admitió la demanda (f. 12).
El 13/06/2006 la ciudadana FLORINDA ÁVILA DE SALINAS asistida por el Abogado ORLANDO PRATO GUTIERREZ, en lugar de dar contestación a la demanda opuso la siguiente cuestión previa:
• La del ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 2º del artículo 340 ejusdem. Que los actores no especificaron su dirección en esta ciudad de San Cristóbal, pues solo señalaron el domicilio procesal del Abogado EFRAÍN RODRÍGUEZ (f. 18).
TERCERO:
a) El 21/06/2006 el apoderado judicial de la parte actora Abogado EFRAÍN RODRÍGUEZ, promovió:
-El mérito jurídico de las actuaciones del expediente que le favorezcan.
-La confesión ficta de la parte demandada.
-Documentales: La copia certificada de la Partida de Nacimiento Nº 1377, emanada de la Prefectura del Municipio La Concordia, Estado Táchira, perteneciente al ciudadano JAIRO JOSÉ MORENO NIEVES. La Cédula Catastral de Empadronamiento Nº 16268, emanada de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira.
-Las testimoniales de CESAR HUMBERTO SUESCUM y MIGUEL ANGEL CARRERO ORTIZ (fs. 21 al 24).
b) El 21/06/2006 el apoderado judicial de la parte demandada Abogado ORLANDO PRATO, consignó escrito mediante el cual dio contestación a la demanda y promovió pruebas:
b.1) Contestación a la demanda:
-Que la parte actora sabía que el contrato de arrendamiento estaba a nombre de los ciudadanos PAULINO SALINAS MÉNDEZ y FLORINDA ÁVILA DE SALINAS, pero solo se demandó a ésta última; que prueba de ello era el expediente de consignación de alquiler Nº 033 que cursa ante este mismo Juzgado, donde los consignatarios de los cánones son dichos ciudadanos. Que existía un litis consorcio pasivo necesario y que por cuanto la ciudadana FLORINDA ÁVILA DE SALINAS no tenía facultad para representar al ciudadano LUIS SALINAS, solicitó según el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil se declarara sin lugar la demanda.
-Que su mandante venía ocupando el inmueble desde hace treinta y ocho (38) años, según la copia certificada del proceso de desalojo Nº 010-99. Que de dicha copia también se evidenciaba que los inquilinos PAULINO SALINAS MÉNDEZ y FLORINDA ÁVILA DE SALINAS hicieron mejoras al inmueble, por lo que el proceso de desalojo intentado ante la Alcaldía del Municipio San Cristóbal fue declarado sin lugar. Que cuando la parte actora solicitó el desalojo ante la Alcaldía, señaló que el inmueble tenía cuatro (4) apartamentos, siendo uno de ellos ocupado por PAULINO SALINAS MÉNDEZ y FLORINDA ÁVILA DE SALINAS, y que los demás estaban desocupados. Que si el actor quería instalar en el inmueble al ciudadano JAIRO JOSÉ MORENO VIVAS, tenía tres (3) apartamentos a su disposición. Que los demandantes poseían distintos inmuebles en la ciudad de San Cristóbal. Que por todo lo anterior solicitaba se declarara sin lugar la demanda.
b.2) Promoción de pruebas:
-El mérito favorable de las actas procesales, especialmente: El documento de compraventa del inmueble arrendado. El alegato cursante al folio 2, que textualmente expresa:
“Igualmente, ciudadano Juez, que por razones de carácter familiares y de carácter de mantenimiento del referido inmueble, el cual se encuentra en estado crítico, tengo la necesidad de proceder a realizar una reconstrucción del mismo”; que no obstante, la Alcaldía del Municipio San Cristóbal realizó una inspección donde constató que la casa ocupada por su mandante estaba en buenas condiciones de habitabilidad.
El alegato cursante al folio 2, que textualmente expresa:
“Igualmente instalar en el mismo a mi hijo y sobrino JAIRO JOSÉ MORENO VIVAS, el cual se encuentra en la actualidad sin vivienda para él y su grupo familiar”; pero que dicho ciudadano era soltero y vivía en la casa de su padre MIGUEL MORENO.
-Promovió copia certificada del expediente de desalojo Nº 010-99, interpuesto ante la Alcaldía del Municipio San Cristóbal por los ciudadanos MIGUEL MORENO y FANNY MORENO, contra los ciudadanos LUIS PAULINO SALINAS MÉNDEZ y FLORINDA ÁVILA DE SALINAS, del apartamento G-50, el cual fue declarado sin lugar. Que allí se demostraba el litis consorcio pasivo.
-Promovió la confesión de la parte actora ante la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, donde señaló: “… este inmueble fue dividido en cuatro (4) apartamentos siendo que el apartamento que están registrados con la nomenclatura del Concejo G-50, esta ocupado por el ciudadano LUIS PAULINO SALINAS MENDEZ…”; que hoy día los tres (3) apartamentos restantes estaban desocupados para el caso de que el actor necesitare una vivienda.
-Promovió el expediente de consignación de alquiler Nº 033 que cursa ante este Juzgado, aperturado por LUIS SALINAS y FLORINDA DE SALINAS, a favor de los ciudadanos MIGUEL MORENO y FANNY MORENO. Que allí se demostraba el litis consorcio pasivo.
-Promovió inspección judicial en el inmueble cuestionado (fs. 25 al 76).
Las pruebas fueron admitidas el 26/06/2006 (f. 77).
CUARTO: El 02/10/2006 se trasladó y constituyó este Juzgado en el inmueble ubicado en la calle 12, Nº 9-50, Pasaje Cumaná, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, y dejó constancia de lo siguiente: Que el inmueble estaba en buen estado, que el techo es de acerolit, que el piso es de cemento pulido con el desgaste normal, que las tuberías estaban en funcionamiento (f. 82).
El 20/11/2006 se agregó al expediente lo siguiente:
1. Comunicación DC/OFIC/1174-06 de fecha 17/11/2006, emanada de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, División de Catastro; a través de la cual remitió el informe elaborado por la Coordinadora de Inscripción, Registro y Archivo.
2. Comunicación de fecha 16/11/2006, librada por TERESA SÁNCHEZ DE MONTAÑÉS, Coordinadora Inmuebles y Archivo; mediante la cual informó: Que los ciudadanos MIGUEL MORENO y FANNY MORENO eran los propietarios del inmueble ubicado en la calle 12, Pasaje Cumaná, Barrio Puente Real, signado con el Nº G-50, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, con Cédula Catastral de Empadronamiento Nº 16268. Que era el único inmueble que poseían. Que si se encuentra en calidad de arrendamiento. Que figuraban como propietarios del inmueble con los Nros. Cívicos G-50, G-56, G-60, G-66 y G-78 Puente Real, signado con el Nº Catastral 04-04-29-08, como una sola unidad con subdivisiones que estaban alquiladas (fs. 89 y 90).
III
PARTE MOTIVA
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Aducen los demandantes: Que hace aproximadamente doce (12) años son propietarios de un inmueble ubicado en la calle 12, Pasaje Cumaná, Barrio Puente Real, signado con el No. G/50, de la nomenclatura Municipal. Que realizaron un contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado con la ciudadana FLORINDA ÁVILA DE SALINAS, donde actualmente tiene su residencia, estableciendo un canon de arrendamiento en la suma de OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 800,00) mensuales. Que por razones de carácter familiar y de carácter de mantenimiento del inmueble, el cual se encuentra en estado crítico, tienen la necesidad de proceder a realizar una reconstrucción del mismo, e igualmente a instalar allí a su hijo y sobrino JAIRO JOSÉ MORENO VIVAS, el cual se encuentra sin vivienda para él y su grupo familiar.
Que por las razones expuestas demandan a la ciudadana FLORINDA ÁVILA DE SALINAS, para que convenga en desalojar el inmueble indicado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Constituye principio cardinal en materia procesal aquel conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos por las partes, “... sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.” (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil).
El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, pues para él no existe otra verdad que la que resulta de los alegatos y la actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a lo alegado y probado para decidir.
El requisito que la sentencia debe contener: decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas (ordinal 5° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil), significa que el Juez está obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes, porque el límite de toda controversia judicial -a saber, el thema decidendum- está circunscrito por los hechos alegados como fundamento de la pretensión -en el libelo de la demanda-, y los hechos deducidos como fundamento de las excepciones o defensas opuestas -en la oportunidad de contestación de la demanda- quedando de ésta manera trabada la litis.
En efecto, básicamente la pretensión actora consiste en el desalojo del bien inmueble objeto del contrato locativo verbis, en virtud de la necesidad de un pariente consanguíneo del propietario de ocupar el inmueble y de que el mismo va a ser objeto de reparaciones, lo que amerita su desocupación, debiendo verificarse si ante dicha pretensión hubo oposición de la parte demandada para verificar la existencia de hechos controvertidos y la procedencia de la carga probatoria.
De la revisión de las actas procesales hecha por este Sentenciador, se determina que en la sustanciación del presente procedimiento se cumplieron con todas las formalidades de Ley, de manera tal que las partes involucradas en el juicio pudieran hacer una defensa oportuna de sus derechos, no existiendo vicios que subsanar que comprometan su validez. ASI SE DECIDE.
Se Trata el presente caso de una demanda por desalojo con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, los cuales disponen:
Artículo 33: “Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley y al procedimiento breve previsto en el Libro IV, Titulo XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía.”
Artículo 34, señala: “Sólo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamente en cualesquiera de las siguientes causales:
(…)
(b) En la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble, o alguno de sus parientes (…)
c) Que el inmueble vaya a hacer objeto de demolición o de reparaciones que ameriten la desocupación.”
Articulo 35: “En la contestación de la demanda, el demandado deberá oponer conjuntamente todas las cuestiones previas previstas en el Código de Procedimiento Civil, y las defensas de fondo, las cuales serán decididas en la sentencia definitiva. (…)”
PUNTO PREVIO
En la oportunidad señalada por la Ley, para que la demandada diera contestación a la demanda, y conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamiento de Alquileres, la ciudadana FLORINDA ÁVILA DE SALINAS representada por el Abogado ORLANDO PRATO en vez de contestar la demanda opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida al defecto de forma de la demanda por no haber llenado el libelo los requisitos que indica el artículo 340 en su ordinal 2º, en cuanto a la no indicación de una dirección especifica de domicilio de los demandantes.
Este sentenciador en cuanto al punto previo hace las siguientes consideraciones:
La cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, señala el defecto de forma por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340, en su numeral 2º, específicamente en lo referente a la indicación del nombre, apellido y domicilio del demandante. Así las cosas, si bien es cierto que la parte accionante no indica de manera expresa un domicilio, establece un domicilio procesal, lo cual a juicio de quien juzga, es suficiente para no causar indefensión a la parte accionada, ya que con la indicación del mismo, se hace su posible su localización o ubicación a los fines de cualquier notificación posterior, por lo que con la omisión de su domicilio no se causa ningún perjuicio a la demandada, ni se le viola de manera alguna su derecho a la defensa o se lesiona la regularidad del proceso; la doctrina ha venido estableciendo que los defectos de forma que se le imputen a la demanda deben tener relevancia jurídica. En consecuencia, para quien juzga, la cuestión previa de defecto de forma de la demanda alegada debe ser desechada, por lo que se desestima la misma. Así se decide.
Resuelta como ha sido la cuestión previa alegada, pasa de seguidas este Juzgador a pronunciarse sobre las defensas de fondo opuestas.
DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA
En el caso bajo análisis, la parte demandante alega que la demandada incurrió en confesión ficta, por no constar en autos que la misma diera tal contestación, ni por sí, ni por medio de apoderado, limitándose solo a oponer una cuestión previa, tal cual lo dispone el artículo 887 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 35 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, que expresa:
Articulo 35: “En la contestación de la demanda, el demandado deberá oponer conjuntamente todas las cuestiones previas previstas en el Código de Procedimiento Civil, y las defensas de fondo, las cuales serán decididas en la sentencia definitiva. (…)”
Del análisis del los hechos expuestos en la causa que nos ocupa este Sentenciador observa, que conforme a lo dispuesto en el 1354 de Código Civil Venezolano, se señala:
“Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”
A su vez el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. (…)”
Como se puede observar, el principio de la carga de la prueba en el procedimiento civil se encuentra contemplado en las normas transcritas, según el cual las partes tienen que probar sus respectivas afirmaciones de hecho, por lo tanto, el actor debe demostrar los alegatos en que fundamenta su acción y el demandado debe probar a su vez, hechos en su defensa.
Observa quien aquí tiene el deber de decidir, que se persigue con la presente acción el desalojo del inmueble dado en arrendamiento de manera verbal, por las causales b) y c) del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, alegato que al no ser rechazado ni negado por la accionada configura la existencia de la obligación preexistente, por cuanto en la oportunidad de la contestación de la demanda la demandada no la contestó, ni por sí, ni por medio de apoderado, lo cual de conformidad con la normativa que rige la presente acción prevista en el artículo 887 en concordancia con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, dispone que si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en dicho código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho su petición, si nada probare que le favorezca.
Así las cosas, se tiene que, establecido como se encuentra que la demandada de autos, en el acto de contestación de la demanda se limita a oponer la cuestión previa, ya resuelta, y no procedió a contestar la demanda incoada en su contra, pero habiendo promovido pruebas en tiempo útil, quien aquí resuelve procede a analizar dichas pruebas promovidas de conformidad con lo establecido en el articulo 506 del Código de Procedimiento Civil, a objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de la confesión ficta, establecidos en la norma procedimental indicada.
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS
DE LA PARTE DEMANDANTE:
A) Con el libelo de demanda promovió copia simple del documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal, de fecha 12 de agosto de 1994, anotado bajo el Nº 2, Tomo 21, Protocolo 1º. Esta documental se refiere al tipo de documentos que conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser promovidos en copia simple, y que al no ser impugnado ni desconocido por la contraparte adquiere el carácter de prueba fidedigna para demostrar que los codemandantes son los propietarios del inmueble objeto de la acción de desalojo, en consecuencia, pueden actuar con el carácter expresado en autos para intentar la misma.
B) Contrato de arrendamiento suscrito entre el ciudadano PABLO MORENO y la Municipalidad del Distrito San Cristóbal del Estado Táchira. Esta documental se refiere al tipo de documentos que conforme al articulo 429 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser promovidos en copia simple, y que al no ser impugnado ni desconocido por la contraparte adquiere el carácter de prueba fidedigna para demostrar que el inmueble objeto de la presente demanda inicialmente perteneció a la persona que figura como vendedor en el documento de propiedad por el que los demandantes adquirieron el mismo.
C) Mérito favorable de las actuaciones que le favorezcan. En relación a este punto el Tribunal considera conveniente señalar que, conforme a la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República, nacida primeramente de la decisión N° 460 de la Sala de Casación Social, de fecha 10 de julio de 2003, acogida luego por la Sala Político Administrativa en su decisión N° 481 del 16 de septiembre de 2003, en el expediente N° 2002-702, y posteriormente adoptado el criterio en forma unánime por todas las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia; el mérito de los autos no es un medio de prueba, sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano, que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre sin necesidad de alegación de parte. Así, el mérito favorable de los autos o de las pruebas no es un mecanismo para llevar al proceso los hechos que la parte pretende probar y no sirve entonces tal expresión para probar nada, y que por ende no es más que eso, una expresión usada corrientemente por los Abogados en sus escritos de promoción de pruebas.
D) Documental consistente en copia certificada de la Partida de Nacimiento Nº 1377, emanada de la Prefectura del Municipio La Concordia. Este documento se refiere al tipo de documento indicado por la doctrina como documentos administrativos, esto es, aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias especificas, los cuales constituyen un género de prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos documentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier medio legal. En consecuencia, los mismos poseen una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, pero que puede no obstante ser desvirtuada por prueba en contrario, sin que sea necesaria una tacha de falsedad. Así las cosas y conforme al criterio establecido por la Sala de Casación Social en sentencia N° 692 del 21 de mayo de 2002, los documentos administrativos se asemejan a los documentos privados reconocidos o tenidos por reconocidos, “pero sólo en que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad”. Por tanto, como quiera que esta documental no resultó desvirtuada por otro género de prueba en su veracidad, la misma se tiene como fidedigna en el contenido de su declaración, para evidenciar que el codemandante Miguel Antonio Moreno, es el padre del ciudadano Jairo José Moreno Vivas, persona de la cual se alega tiene la necesidad de ocupar el inmueble. Así se declara.
E) Cédula Catastral de Empadronamiento emanada de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, División de Catastro, promovida en copia simple. Se trata igualmente del tipo de documento denominado por la doctrina como administrativo, el cual puede ser promovido en copia simple, conforme a la previsión del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Estos documentos son emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias especificas, los cuales constituyen un género de prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Al no ser desvirtuado el mismo de manera alguna por la accionada, se tiene como fidedigno para demostrar la propiedad del mismo para los arrendadores demandantes.
F) Prueba de informes solicitada conforme al artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en la que la Alcaldía del Municipio San Cristóbal en fecha 16 de noviembre de 2006 indica al Tribunal, que el inmueble objeto de la presente demanda es el único inmueble que posee la parte demandante, que el mismo se encuentra en calidad de arrendamiento, que ellos figuran en los archivos de esa dependencia municipal como propietarios del inmueble. Tal prueba es valorada conforme a la previsión del artículo 433 de la norma adjetiva, para demostrar que la parte actora es propietaria únicamente de tal inmueble y que el mismo se encuentra en calidad de arrendamiento.
G) Testifícales: Esta prueba a pesar de promoverse tempestivamente, no fue evacuada, por lo que nada hay por analizar ni valorar de la misma.
DE LA PARTE DEMANDADA:
A) Merito favorable del documento de propiedad del inmueble objeto de la presente demanda. Esta prueba ya resultó valorada, se dan por reproducidos sus efectos para ambas partes conforme al principio de comunidad de la prueba.
B) Valor probatorio de lo indicado en el libelo de demanda al folio 2. Esta referencia en realidad se trata de un alegatos, los cuales serán analizados por quien juzga en su oportunidad correspondiente.
C) Copia certificada del expediente de desalojo No. 010-99, referido a la solicitud de desalojo interpuesta ante la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, por los demandantes MIGUEL MORENO y FANNY MORENO, contra Luís Paulino Salinas Méndez y Florinda Ávila de Salinas. Esta documental se refiere a documento administrativo, del cual sin embargo, no emerge elemento alguno de convicción que desvirtué el hecho de que los demandantes tengan varios inmuebles, pues del mismo se deriva que se trata de una sola unidad; no obstante, sí se infiere de dicha copia que tal inmueble no se encuentra deteriorado o que el mismo requiera urgente reparación por encontrarse ruinoso. Así se declara.
D) Valor probatorio de expediente Nº 033 que cursa ante este mismo Juzgado por concepto de cánones de arrendamiento. Esta prueba ni se aprecia ni se valora por ser impertinente, ya que el hecho de la consignación no es hecho controvertido en la presente causa. Así se establece.
E) Inspección Judicial. Esta prueba resultó evacuada en fecha 02 de octubre de 2006, con la presencia de ambas partes, con lo que se garantizó el principio del contradictorio y control de la prueba, de la misma se dejó constancia, de que el inmueble objeto de la demanda se encuentra en estado normal de conservación, tanto externa como internamente, con el desgaste normal por el uso y el tiempo, con funcionamiento de sus servicios básicos.
Continuando con el análisis referente a si se concretó la confesión ficta después de haber analizado las pruebas presentadas por el accionado, se concluye, que de las mismas no se deriva hecho alguno que le favorezca, en consecuencia, se configura el segundo supuesto para declarar la confesión ficta. Así se establece.
En cuanto al tercer supuesto, o sea, que la pretensión de la actora no sea contraria a derecho, se evidencia que en la presente causa se ventila el desalojo con fundamento en la necesidad de un pariente consanguíneo ocupar el inmueble y la demolición o reparación del mismo, lo cual se encuentra plenamente tutelado por el ordenamiento Jurídico Venezolano vigente, específicamente en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en consecuencia, la misma no es contraria a Derecho. Así se decide.
Con relación al literal c) de la referida ley, se establece que con la prueba de inspección judicial promovida y la copia certificada del expediente de desalojo incoado ante la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, se dejó constancia de que el inmueble objeto del litigio no presenta deterioros que ameriten su desocupación, por lo que la acción de desalojo incoada con fundamento en el literal c) del Artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ha de ser improcedente; y así se decide. No obstante, la parte actora logró demostrar que tiene un pariente consanguíneo, que el mismo tiene la necesidad de ocupar el inmueble y que poseen un único inmueble, ya que estas circunstancias no pudieron ser negadas o rechazadas por la accionada, al no contestar la demanda en tiempo útil, desechándose los demás alegatos esgrimidos por la misma fuera de esta oportunidad procesal. Así se establece.
Se determina de esta forma, que el demandante en el presente juicio ha incurrido en la presunción de CONFESION o CONFESION FICTA dispuesta en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en las premisas siguientes:
PRIMERO: No compareció en el término legal a dar contestación a la demanda.
SEGUNDO: A pesar de haber promovido pruebas durante el lapso de promoción, no le favoreció ninguna, en virtud de haber sido desechadas de conformidad con las valoraciones precedentes.
TERCERO: La acción planteada y la petición libelar no es contraria a Derecho, por cuanto está expresamente amparada por la ley, específicamente en los artículos 33 y 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Confesa como ha quedado la accionada debe declararse con lugar la demanda aquí incoada, lo cual se indicará expresamente en la parte dispositiva de la presente decisión. ASI SE DECLARA.
IV
DISPOSITIVA
En orden a los hechos descritos en la narrativa y con fundamento en la motivación precedente, este Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide lo siguiente:
PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR la demanda por DESALOJO de inmueble con fundamento en el artículo 34 literal b) del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, interpuesta por los ciudadanos MIGUEL ANTONIO MORENO y FANNY ESPERANZA MORENO, a través de su apoderado judicial Abogado EFRAIN JOSE RODRIGUEZS, en contra de la ciudadana FLORINDA AVILA DE SALINAS representada por el Abogado ORLANDO PRATO GUTIERREZ.
En consecuencia, SE CONDENA a la parte demandada HACER ENTREGA MATERIAL a la parte demandante, del inmueble que ocupa en calidad de inquilina, ubicado en la calle 12, Pasaje Cumaná, Barrio Puente Real, signado con el Nº G-50 de la nomenclatura municipal, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira.
SEGUNDO: Por cuanto la presente demanda se fundamentó en los literales b y c de la ley de arrendamientos inmobiliarios, declarándose con lugar, con fundamento en el literal b), se concede a la parte demandada un lapso de seis (6) meses, para la entrega material del inmueble indicado, contados a partir de la notificación que se le haga de la sentencia definitivamente firme, de acuerdo al Parágrafo Primero del artículo 34 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
TERCERO: SE CONDENA al pago de las costas procesales a la parte demandada, por haber sido vencida totalmente, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, con el entendido que en el día de despacho siguiente a aquél en que conste en autos la última notificación, comenzará a contarse el lapso de apelación de tres (3) días de despacho a que se contrae el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, debiendo seguirse la forma prevista en los artículos 187, 291, 294 y 297 eiusdem y para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir así mismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, déjese copia para el archivo del Tribunal y notifíquese a las partes.
Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria del Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el Edificio Nacional de la ciudad de San Cristóbal, a los diez días del mes de enero dos mil siete. AÑOS: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
El Juez Temporal,

Abog. Juan José Molina Camacho
REFRENDADA:
La Secretaria,

Abog. Anaminta Peñaloza Espinoza
En la misma fecha siendo las 03:15 de la tarde, se dictó y publicó la anterior sentencia, dejándose copia para el archivo del Tribunal bajo el Nº
JJMC/Ape/nj.
Exp. Nº 5000.