REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA.

194º y 145º

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE QUERELLANTE: Ciudadano CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ, venezolano, mayor de edad, agricultor, titular de la cédula de identidad No. V-156.807, de este domicilio y hábil.

APODERADA DE LA PARTE QUERELLANTE: Abogado ERIKA YOLIMAR BECERRA CASANOVA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad No. V-13.171.344, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el No. 76.288, domiciliada en Quinta Avenida, Torre “E”, Piso 9, Oficina 902, San Cristóbal, Estado Táchira.

PARTE QUERELLADA: Ciudadano PABLO ANTONIO ACERO, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. E-357150, domiciliado en la Avenida 19 de Abril, frente al Centro Comercial Uribante, Reencauchadora Pirelli y hábil.

APODERADO DE LA PARTE QUERELLADA:

MOTIVO: QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO

I
PARTE NARRATIVA

Mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2000, que le correspondió conocer por distribución al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la abogado ERIKA YOLIMAR BECERRA CASANOVA, actuando como apoderada del ciudadano CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ, demandó por QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO al ciudadano PABLO ANTONIO ACERO, y narró los hechos en los siguientes términos:
Que en fecha 24 de noviembre de 1977, adquirió un lote de terreno ubicado en la Aldea “La COPE”, Municipio San Sebastián, Distrito San Cristóbal, alinderado así: NORTE: Caño Amarillo; SUR: Carretera vía al Llano; ESTE: Propiedad de Rigoberto Roa; OESTE: Propiedad que son o fueron de Clímaco Gamboa y Clemente Ramírez. Que el inmueble se lo compró al ciudadano José del Carmen Moreno Barrientos, quien es Colombiano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. E-26425, de este domicilio y hábil, según consta de documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito San Cristóbal, bajo el No. 93; Tomo 4, Folios 248 y 249 del Protocolo Primero, de fecha 24 de Noviembre de 1977, el cual anexó marcado “B”.
Que desde la fecha de adquisición del referido inmueble, esto es, desde el 24 de noviembre de 1977, hasta el 24 de febrero de 2000, ha permanecido en posesión legítima, ininterrumpida, continua, pacifica, pública, no equivoca y en su condición de propietario en relación al referido inmueble por hechos propios, pero que ha sido perturbada su posesión por hechos del querellado Pablo Acero, quien había introducido arbitrariamente, maquinaria en su terreno, y que continua haciendo gestiones de limpieza de su terreno así como un conjunto de acciones que dejan ver sus pretensiones de efectuar una invasión que es inminente.
Que la posesión legítima que alega está probada por el título que lo acredita como propietario del inmueble, así como por el Justificativo de testigos evacuado, por ante la Notaría Pública Segunda de San Cristóbal, en fecha 21 de febrero de 2000, que anexó marcado “C”, el cual demuestra la ocurrencia efectiva de la perturbación de la cual solicita se le ampara y que se decrete el amparo a su posesión tomándose las precauciones necesarias para garantizar la continuidad de su posesión.
Demanda al ciudadano PABLO ANTONIO ACERO, con fundamento en los artículos 771, 772, y 782 del Código Civil y 700 del Código de Procedimiento Civil. Estimó la demanda en la cantidad de TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 30.000.000,oo).

Por auto de fecha 8 de marzo de 2000 (fl. 11), el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, admitió la demanda, y de conformidad con lo previsto en el artículo 782 del Código Civil, en concordancia con el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil, DECRETO EL AMPARO a la posesión y DISPUSO para tal medida que el QUERELLADO se abstuviera de incurrir nuevamente en los actos perturbatorios mencionados en el libelo. Y ordenó librar boleta de notificación al querellado.

En fecha 15 de marzo de 2000 (fl. 13) el alguacil del Tribunal consignó la boleta de notificación, la cual fue recibida por el mismo querellado.

Mediante escrito de fecha 28 de marzo del 2000 (fl. 16 al 18) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, obrando por sus propios derechos a tenor del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, en la querella interdictal de Amparo, dictada en contra de sus derechos de propiedad y posesión, tal como lo acreditan los documentos de propiedad debidamente Protocolizados por ante la Oficina de Registro Subalterno del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, el 21 de enero y 11 de mayo de 1977, que agregó marcados “A” y “A1”. Igualmente anexó fotocopia de Justificativo y documentos que prueban la posesión en ciento ocho (108) folios utilizados donde consta que durante veintitrés años han sido propietarios y legítimos poseedores ininterrumpida, continua, pacífica, pública, no equivoca en su condición de propietarios de los citados inmuebles ubicados en San Josesito, Aldea San Josesito y que a partir del día 8 de marzo del 2000, han sido perturbados por el querellante. Rechaza, impugna y contradice y se opuso formalmente a la presente querella interdictal con amparo legal en los artículos 782, 772 del Código Civil y artículo 115 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
En fecha 3 de abril del 2000 (fl. Vto del 134 y 135) la abogado Marina Velasco de Acero, solicitó se pusiera cese a los desmanes y atropellos que le causaba José Diógenes Rangel Barrios y el Arabe Mazen Mon’d al Shaged, librando oficio a la Alcaldía del Municipio Torbes, Departamento de Ingeniería, para que se abstuvieran de expedir cualquier solicitud de documento a los fines de posesionarse de su propiedad.
En fecha 5 de abril del 2000 (fl. 137) la Dra. Marina Velasco de Acero, rechazó e impugnó los pedimentos en diligencia de la contraparte, toda vez que el ciudadano Pablo Antonio Acero Reyes, no había sido notificado legalmente, a tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, impugnó formalmente el instrumento justificativo y el supuesto título de propiedad del querellante, corriente al folio 6.
Mediante escrito de fecha 5 de abril del 2000 (fl. 138 al 140) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, obrando por sus propios derechos, promovió pruebas.
En fecha 6 de abril de 2000 (fl. 141) la abogado Marina Velasco Acero, con el carácter de autos, consignó las pruebas promovidas en los numerales décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno, del escrito de pruebas consignado en fecha 5/4/2000.
En fecha 7 de abril de 2000 (fl. 145), la abogado ERIKA BECERRA, solicitó al Tribunal ordenara las medidas y diligencias que aseguraran la eficacia y respeto al decreto de amparo dictado en esta causa. Al cual habían hecho caso omiso, por parte del querellado. Y consignó comunicación emanada de la Alcaldía del Municipio Tórbes San Josesito, de fecha 4 de abril de 2000, a la Ingeniero Cecilia Contreras de Roche, Directora de Ingeniería-Catastro y Planificación Urbana- Municipio Torbes del Estado Táchira.
En fecha 10 de abril de 2000 (fl. 149 y 150) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, con el carácter de autos, promovió otras pruebas complementarias a la presentadas el día 5 de abril de 2000.
En fecha 14 de abril del 2000 (fl. 155 al 157) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, presentó escrito de alegatos.
En fecha 14 de abril de 2000 (fl. 163) el abogado HELMISAN BEIRUTI ROSALES, consignó poder que le fuera conferido junto a la abogado Darzy Solvey Rosales Calderon, por el ciudadano CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ.
Por diligencia de fecha 24 de abril de 2000 (fl. 166), el demandado PABLO ANTONIO ACERO REYES, ratificó en todas y cada una de sus partes las actuaciones realizadas por su apoderada copropietaria comunera y cónyuge Marina Velasco de Acero.
Por auto de fecha 27 de abril de 2000 (fl. 169) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró que todas las actuaciones practicadas a partir del 28 de marzo de 2000, por la abogada MARINA VELASCO DE ACERO, así como por el ciudadano PABLO ANTONIO ACERO REYES, no tenían efecto jurídico alguno, ya que hasta esa fecha el querellado PABLO ANTONIO ACERO, no había sido citado conforme a lo establecido en el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, por cuanto había sido cumplida la medida decretada, ORDENO la citación de la parte querellada, ciudadano PABLO ANTONIO ACERO, por medio de boleta.
Por diligencia de fecha 2 de mayo de 2000 (fl. 1729 la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, apeló del auto de fecha 27 de abril de 2000.
En fecha 5 de mayo de 2000 (fl. 173) el alguacil del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, declaró haber citado al querellado de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 8 de mayo de 2000 (fl. 183) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, oyó la apelación interpuesta por la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, contra el auto de fecha 27 de abril de 2000.
Por auto de fecha 17 de mayo de 2000 (fl. 186) el Juzgado Cuarto Civil, ordenó expedir la boleta de notificación al querellado, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 06 de junio de 2000 (fl. 194) la Secretaria Accidental del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Estado Táchira, dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 14 de junio de 2000 (fl. 201) el querellado PABLO ANTONIO ACERO REYES, confirió poder especial a la abogado MARIA VELASCO DE ACERO.
En fecha 15 de junio de 2000 (fl. 202) los abogados DARZY SOLVEY ROSALES CALDERON y/o ERIKA YOLIMAR BECERRA CASANOVA y/o HELMISAM BERIRUTI ROSALES, promovieron pruebas.
Por auto de fecha 16 de junio de 2000 (fl. 204) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, negó la admisión de las pruebas promovidas por el querellado PABLO ANTONIO ACERO REYES, en el NUMERAL TERCERO (únicamente respecto a los contratos de arrendamiento de fechas 05 de marzo de 1996 y 27 de enero de 1987) DECIMO SEXTO, VIGÉSIMO TERCERO; VIGÉSIMO QUINTO Y TRIGÉSIMO SEGUNDO. En cuanto a las restantes numerales los admitió cuanto ha lugar en derecho por haber sido presentadas en tiempo hábil. Acordó agregar al expediente copia fotostática certificada de los anexos que habían sido consignados en fecha 5 de abril del 2000, y que habían sido guardados en la caja de seguridad del Tribuna. Corren agregadas las copias a los folios 207 al 268.

Por auto de fecha 16 de junio de 2000 (fl. 269) el Juzgado Cuarto Civil, admitió las pruebas promovidas por la abogada ERIKA YOLIMAR BECERRA.
En fecha 20 de junio de 2000 (fl. 271 y 272) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, con el carácter de autos, en relación al auto de fecha 16 de junio de 2000, referente a las pruebas cuya admisión fue negada, las promovió nuevamente.
Por auto de fecha 20 de junio de 2000 (fl. 276) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, admitió las pruebas promovidas por la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, en fecha 20 de junio de 2000.
Al folio 278 al 280 riela la declaración de FERNANDO SÁNCHEZ NIÑO.
Al folio 282 al 284 riela la declaración de LUIS FERNANDO ORTIZ ORTIZ.
Al folio 287 al 289 riela la declaración de JOSE DIÓGENES RANGEL BARRIOS.
A los folios 290 al 293 riela la declaración de FREDDY ANDRES VITTO OVALLES.
ALEGATOS
A los folios 297 al 299 riela el escrito de alegatos de la parte actora consignados por la abogado ERIKA YOLIMAR BECERRA CASANOVA.
Por diligencia de fecha 14 de julio de 2000 (fl. 301) la abogado Marina Velasco de Acero, impugnó el escrito de los alegatos del querellante.
A los folios 304 y 305 riela la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de fecha 9 de junio de 2000, relacionada con el Recurso de Hecho interpuesto por la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, contra la negativa dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, de oír en ambos efectos la apelación por ella interpuesta contra el auto de fecha 27 de abril del mismo, en la cual declaró no tener materia sobre la cual decidir.
En fecha 31 de julio del 2000 (fl. 308) se ordenó abrir la segunda pieza del expediente.
Al folio 334 riela la ratificación de la declaración rendida por la ciudadana Ana Adela Tallaferro de Berbesi, en el Justificativo de testigos promovido por la parte querellada.
Al folio 335 riela la ratificación de la declaración rendida por la ciudadana MARLENE CAMACHO MURILLO, en el Justificativo promovido por la parte querellada.
Al folio 336 riela la ratificación de la declaración de MARCELO ACERO, rendida en el Justificativo promovido por la parte querellada.
Al folio 337 riela la ratificación de la declaración de JUAN ROBERTO LABRADOR ZAMBRANO, rendida en el Justificativo de Testigos promovido por la parte querellada.
A los folios 338 y 339 y sus vueltos riela la ratificación por parte de los ciudadanos ROSARIO BERBESI, REMIGIO RAMÍREZ, JHON ALEXANDER DUARTE MEDINA, DORIS ELENA ZAMBRANO CASTRO, DIOSELINA ZAMBRANO MEDINA, del documento inserto a los folios 142 y 143.
ALEGATOS
A los folios 342 al 348 riela el escrito de alegatos presentado por la abogado MARINA VELASCO DE ACERO.
Por diligencia de fecha 09 de agosto de 2000 (fl. 350) la abogado Erika Yolimar Becerra Casanova, solicitó se le diera plena vigencia al interdicto de amparo decretado con ocasión de esta querella interdictal.
INHIBICIÓN
El abogado CARLOS GALVIZ HERNÁNDEZ, Juez Provisorio del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil, SE INHIBIO de continuar conociendo de la presente causa y vencido el lapso de allanamiento ordenó la remisión del expediente a un Tribunal de la misma categoría.
Inhibición ésta que fue declarada sin lugar, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por decisión de fecha 10 de octubre de 2000. (fl. 631 y 632).
En fecha 6 de octubre de 2000 (fl. 364) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, le dio entrada al expediente, bajo el No. 14749.
Mediante diligencia de fecha 6 de noviembre de 2000 (fl. 368 y 369 y sus vueltos) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, consignó copia fotostática simple de documentos públicos de las ventas hechas por el ciudadano CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ:
Venta A Eleuterio Mendoza y María del Carmen Caballero Caña de Colmenares, según documento Protocolizado el 13-02-1980, bajo el No. 53, Tomo 4.
Venta a Pablo Useche Martínez, documento Protocolizado el 28-08-1980, bajo el No. 80, Tomo 9.
Venta a Cecilia Cacique, documento protocolizado el 24-09-1980, bajo el No. 64, Tomo 5.
A florentino Díaz, venta el 24-09-1980, bajo el No. 75, Tomo 5.
Venta a José de Jesús Colmenares documento Protocolizado el 08-10-1980, bajo el No. 7, Tomo 11.
A Tiburcio Colmenares, documento protocolizado el 28-02-84, bajo el No. 44, Tomo 3, Adic., Protocolo primero y éste a su vez, vendió su terreno a Carlos Julio Gallo. Así mismo la Alcaldía del Municipio San Cristóbal detectó doce (12) ventas por Notaría a varios adquirientes que quedaron tapiados en la zona del terremoto de 1981. Así lo ofició la Oficina Subalterna de Registro Público el 24 de febrero de 1994, oficio No. 11, oficio 262.
Venta a Pedro Antonio Hoyos Vallejo, documento Protocolizado el 09-05-1986, bajo el No. 12, Tomo 8, segundo trimestre.
Venta al mismo Pedro Antonio Hoyos Vallejo el 09-05-1986, bajo el No. 13, Tomo 8 adic.
Venta a Aquilino Valencia Villamizar el 24-02-1989, bajo el No. 34, Tomo 16.
Venta a Tomás Valencia Villamizar el 28-07-12989, bajo el No. 37, Tomo 9, igualmente venta por documentos notariados en la Notaría Pública Segunda de esta ciudad de San Cristóbal, a Mazen Mod Al Shageb el 31-03-2000. Notariado bajo el No. 40, Tomo 67. Así mismo el testigo del Justificativo y testigo de las pruebas José Diógenes Rangel ha vendido con el poder que Cristóbal le otorgó y que corre en fotocopia en este expediente a los folios 158-160, realizado: Venta a José Ramón Castillo bajo el No. Tomo 168. Venta a Mazen Moh’dad al Shayeb el 27 de julio de 1999, bajo el No. 63, Tomo 168. Se trata de otra venta al mismo árabe. Venta (otra) a Mazen Moh’d Al Shageb al Shageb, el mismo 27 de julio de 1999, bajo el No. 64, Tomo 168, otra venta a José Ramón Castillo el 27 de julio de 1999, bajo el No. 60, Tomo 168; Otra venta a José Ramón Castillo el 27 de julio de 1999, bajo el No. 46, Tomo 168, Para un total de ventas de treinta (30) sobre el mismo lote de terreno que una vez detentó Cristóbal Jaimes Quiroz y que vendió y se fue del lugar, y por eso no tiene cualidad jurídica para pedir posesión que nunca ha tenido. También agregó el informe médico del demandado. En total agregó 46 folios utilizados en fotocopia de ventas h echas por Cristóbal Jaimes Quiroz y José Diógenes Rangel, quien sin ser abogado funge como apoderado del mismo, tres (3) folios útiles de oficio de la Alcaldía San Cristóbal al Registrador Subalterno del Municipio San Cristóbal, Poder de Cristóbal Jaimes Quiroz, a Manuel Trujillo Triana y fotocopia de un plano levantado para vender donde se toma el área de la finca del demandado. (fl. 370 al 415).
Mediante diligencia de fecha 16 de noviembre de 2000 (fl. 416) el abogado Helmisan Beiruti Rosales, impugnó las copias simples presentadas por el demandado, que corren en el folio 370 y rechazó por falsos y por extemporáneos la totalidad de los alegatos explanados por la parte querellada.
Por auto de fecha 23 de noviembre de 2000 (fl. 418) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, DECRETO MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el inmueble adquirido por CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ, el día 24 de noviembre de 1977, bajo el No. 93, Tomo 4, folios 248 y 249, acordando oficiar al Registrador Subalterno del Primer Circuito de esta ciudad, así mismo oficiar a la Alcaldía del Municipio Torbes del Estado Táchira.
Mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2000 (fl. 424-426) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, solicitó se solicitara información de las denuncias por hechos similares contra los abogados Darsy Solvey Rosales Calderón, Helmisan Beiruti Rosales, Erika Yolimar Becerra y sus cómplices como el árabe Mazen Mon’d Al Shayeb al Shayeb, Nerio Rosales Calderón en la Defensoria del Pueblo, en el Colegio de Abogados, en el Juzgado Cuarto Civil y Mercantil, Fiscalía Tercera.
Por auto de fecha 6 de diciembre de 2000 (fl. 431) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de conformidad con lo solicitado por el abogado Helmisan Beiruti Rosales, en su condición de apoderado de la parte demandante, y de conformidad con lo previsto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la oposición a la medida decretada por el Tribunal en fecha 23 de noviembre de 2000 (fl. 418) LAS ADMITIO. Y al efecto ordenó oficiar al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, a fin de que remitiera copia certificada de la Querella de Amparo Constitucional relacionado con el expediente No. 12.852, así mismo acordó oficiar al Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta misma Circunscripción, para que remitiera copia certificada del escrito del libelo de la demanda relacionada con la acción de deslinde que corre bajo el No. 1204.
Por diligencia de fecha 20 de diciembre de 2000 (fl. 435) la abogado Marina Velasco de Acero, impugnó la diligencia del actor del día 05-12-2000.
INHIBICIÓN
La abogado GLADIS CAÑAS SERRANO, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 5 de febrero de 2001, SE INHIBIO de continuar conociendo de la presente causa y vencido el lapso de allanamiento ordenó la remisión del expediente a un Tribunal de la misma categoría. (fl. 442).
Esta inhibición fue resuelta por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción judicial del Estado Táchira, por decisión de fecha 19 de febrero del 2001, declarándola con lugar. (fl. (fl. 604 y 605).
Por auto de fecha 20 de febrero del 2001 (fl. 448) se le dio entrada al expediente en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
INHIBICIÓN
El Abogado PABLO SUAREZ TREJO, Juez Provisorio del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 19 de marzo del 2001, se inhibió de seguir conociendo de la presente causa y vencido el lapso de allanamiento ordenó la remisión del expediente a un Tribunal de la misma categoría. (fl. 449)
Esta inhibición fue decidida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por decisión de fecha 18 de abril de 2001, declarándola con lugar. (fl. 617 al 622).

En fecha 10 de abril de 2001 (fl. 454) el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, le dio entrada al expediente.
Mediante diligencia de fecha 24 de abril de 2001 (fl. 457) la abogado Marina Velasco de Acero, consignó en seis folios útiles, enumeración de causas de la Dra. Darzy Rosales de Al Shabed en su contra, dada su manera de adquirir bienes.
INHIBICION
La abogado AURA ROSA ONTIVEROS DE MARRERO, Juez Provisorio del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 23 de mayo de 2001, SE INHIBIO de seguir conociendo de la presente causa.
Esta inhibición fue decidida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial, por decisión de fecha 5 de junio de 2001, declarándola con lugar. (fl. 649-651).
En fecha 26 de junio del 2001 (fl. 475) se le dio entrada al expediente nuevamente en este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
Por auto de fecha 26 de junio del 2001 (fl. 476) el Juez Accidental de este Tribunal, NELSON WLADIMIR GRIMALDO HERNÁNDEZ, acordó notificar a las partes del avocamiento y acordó además solicitar de los Juzgados Cuarto y Segundo de Primera Instancia Civil, copia fotostática certificada de la Tablilla demostrativa de los días de despacho, de los lapsos que transcurrieron en cada Tribunal.
En fecha 12 de julio de 2001 (fl. 485) la Secretaria Temporal de este Juzgado, ROSA ILVANY VANEGAS CARDENAS, se inhibió de conocer de la presente causa.
Por decisión de fecha 17 de julio de 2001 (fl. 487-488) el Juez Accidental de este Tribunal declaró con lugar la inhibición de la Secretaria Temporal.
Del folio 490 al 498 rielan copias fotostáticas certificadas de la Tablilla de Demostración de días de Despacho de los meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2000 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 2 de octubre de 2001 (fl. 514) siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto conciliatorio con la asistencia solo de la apoderada de la parte demandada, por lo que no llevó a cabo el acto conciliatorio.
Del folio 515 al 567 riela decisión dictada por el Juez Accidental de este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, Abogado Nelson W. Grimaldo H., de fecha 10 de octubre de 2001.
Apelada como fue dicha decisión, y oída la apelación en ambos efectos, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en decisión de fecha 20 de febrero de 2002 DECLARO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA APELADA, dictada por el Juez Accidental, y ORDENO LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado que se diera cumplimiento debido a las incidencias inhibitorias surgidas durante el proceso y, posteriormente, el Tribunal que resulte competente, dictara nueva sentencia.
Mediante diligencia de fecha 3 de abril de 2002 (fl. 596) la abogado MARINA ACERO VELASCO, consignó las resultas de las inhibiciones hechas por los Jueces: Gladys Cañas Serrano, Aura Rosa Ontiveros de Marrero, pablo Suárez Trejo y, Carlos Martín Galviz Hernández. (fl. 597 al 656).
Por auto de fecha 16 de abril de 2002 (fl. 607) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ACORDO REPONER LA CAUSA al estado de que comenzara a transcurrir nuevamente el lapso para dictar sentencia y por cuanto había sido declarada sin lugar la inhibición propuesta por el abogado Carlos Martín Galvis Hernández, ordenó remitir el expediente al mismo.
Por auto de fecha 18 de abril de 2002 (fl. 660) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, de esta Circunscripción Judicial le dio entrada al expediente nuevamente, y en fecha 24 de octubre de 2002 (fl. 668) el Doctor Carlos Martínez Galvis Hernández, con el carácter de Juez Provisorio del Tribunal Circunscripción Judicial, se inhibió nuevamente de seguir conociendo de la presente causa.
Por auto de fecha 14 de noviembre de 2002 (fl. 672) se recibió nuevamente el expediente en este Tribunal.
En fecha 16 de enero de 2004 (fl. 700) la Dra. Reina Mayleni Suárez Salas, se avocó al conocimiento de la presente causa.


II
PARTE MOTIVA

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
Reprodujeron el mérito favorable de los autos, lo cual no constituye una prueba sino una obligación de ley para sentenciar, porque por efecto del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos.

DOCUMENTAL: Promovieron el valor probatorio del documento de propiedad anexo al libelo de demanda interdictal que dio pie al procedimiento, el cual reposa en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal, hoy Oficina Subalterna de Registro Público del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, de fecha 24 de noviembre de 1977, anotado bajo el No. 93, Tomo Cuarto, folios 248/249, Protocolo Primero, correspondiente al cuarto trimestre del referido año. Este documento no fue impugnado por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente, por lo tanto, se tiene como fidedigno por tratarse de una copia fotostática simple de un instrumento público, y se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

TESTIMONIAL. A los efectos de ratificar justificativo de testigos que consta en autos, evacuado por ante la Notaría Pública Segunda de esta ciudad de San Cristóbal, en fecha 21 de febrero de 2000, promovieron las deposiciones de los ciudadanos JOSE DIÓGENES RANGEL BARRIOS, FREDDY ANDRES VITTO OVALLES.
Al folio 287 y 289 de la Pieza I, corre acta de fecha 21 de junio de 2000, que contiene el testimonio rendido por el ciudadano JOSE DIÓGENES RANGEL BARRIOS, quien una vez