REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA.

194º y 145º

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE QUERELLANTE: Ciudadano CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ, venezolano, mayor de edad, agricultor, titular de la cédula de identidad No. V-156.807, de este domicilio y hábil.

APODERADA DE LA PARTE QUERELLANTE: Abogado ERIKA YOLIMAR BECERRA CASANOVA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad No. V-13.171.344, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el No. 76.288, domiciliada en Quinta Avenida, Torre “E”, Piso 9, Oficina 902, San Cristóbal, Estado Táchira.

PARTE QUERELLADA: Ciudadano PABLO ANTONIO ACERO, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. E-357150, domiciliado en la Avenida 19 de Abril, frente al Centro Comercial Uribante, Reencauchadora Pirelli y hábil.

APODERADO DE LA PARTE QUERELLADA:

MOTIVO: QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO

I
PARTE NARRATIVA

Mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2000, que le correspondió conocer por distribución al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la abogado ERIKA YOLIMAR BECERRA CASANOVA, actuando como apoderada del ciudadano CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ, demandó por QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO al ciudadano PABLO ANTONIO ACERO, y narró los hechos en los siguientes términos:
Que en fecha 24 de noviembre de 1977, adquirió un lote de terreno ubicado en la Aldea “La COPE”, Municipio San Sebastián, Distrito San Cristóbal, alinderado así: NORTE: Caño Amarillo; SUR: Carretera vía al Llano; ESTE: Propiedad de Rigoberto Roa; OESTE: Propiedad que son o fueron de Clímaco Gamboa y Clemente Ramírez. Que el inmueble se lo compró al ciudadano José del Carmen Moreno Barrientos, quien es Colombiano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. E-26425, de este domicilio y hábil, según consta de documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito San Cristóbal, bajo el No. 93; Tomo 4, Folios 248 y 249 del Protocolo Primero, de fecha 24 de Noviembre de 1977, el cual anexó marcado “B”.
Que desde la fecha de adquisición del referido inmueble, esto es, desde el 24 de noviembre de 1977, hasta el 24 de febrero de 2000, ha permanecido en posesión legítima, ininterrumpida, continua, pacifica, pública, no equivoca y en su condición de propietario en relación al referido inmueble por hechos propios, pero que ha sido perturbada su posesión por hechos del querellado Pablo Acero, quien había introducido arbitrariamente, maquinaria en su terreno, y que continua haciendo gestiones de limpieza de su terreno así como un conjunto de acciones que dejan ver sus pretensiones de efectuar una invasión que es inminente.
Que la posesión legítima que alega está probada por el título que lo acredita como propietario del inmueble, así como por el Justificativo de testigos evacuado, por ante la Notaría Pública Segunda de San Cristóbal, en fecha 21 de febrero de 2000, que anexó marcado “C”, el cual demuestra la ocurrencia efectiva de la perturbación de la cual solicita se le ampara y que se decrete el amparo a su posesión tomándose las precauciones necesarias para garantizar la continuidad de su posesión.
Demanda al ciudadano PABLO ANTONIO ACERO, con fundamento en los artículos 771, 772, y 782 del Código Civil y 700 del Código de Procedimiento Civil. Estimó la demanda en la cantidad de TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 30.000.000,oo).

Por auto de fecha 8 de marzo de 2000 (fl. 11), el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, admitió la demanda, y de conformidad con lo previsto en el artículo 782 del Código Civil, en concordancia con el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil, DECRETO EL AMPARO a la posesión y DISPUSO para tal medida que el QUERELLADO se abstuviera de incurrir nuevamente en los actos perturbatorios mencionados en el libelo. Y ordenó librar boleta de notificación al querellado.

En fecha 15 de marzo de 2000 (fl. 13) el alguacil del Tribunal consignó la boleta de notificación, la cual fue recibida por el mismo querellado.

Mediante escrito de fecha 28 de marzo del 2000 (fl. 16 al 18) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, obrando por sus propios derechos a tenor del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, en la querella interdictal de Amparo, dictada en contra de sus derechos de propiedad y posesión, tal como lo acreditan los documentos de propiedad debidamente Protocolizados por ante la Oficina de Registro Subalterno del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, el 21 de enero y 11 de mayo de 1977, que agregó marcados “A” y “A1”. Igualmente anexó fotocopia de Justificativo y documentos que prueban la posesión en ciento ocho (108) folios utilizados donde consta que durante veintitrés años han sido propietarios y legítimos poseedores ininterrumpida, continua, pacífica, pública, no equivoca en su condición de propietarios de los citados inmuebles ubicados en San Josesito, Aldea San Josesito y que a partir del día 8 de marzo del 2000, han sido perturbados por el querellante. Rechaza, impugna y contradice y se opuso formalmente a la presente querella interdictal con amparo legal en los artículos 782, 772 del Código Civil y artículo 115 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
En fecha 3 de abril del 2000 (fl. Vto del 134 y 135) la abogado Marina Velasco de Acero, solicitó se pusiera cese a los desmanes y atropellos que le causaba José Diógenes Rangel Barrios y el Arabe Mazen Mon’d al Shaged, librando oficio a la Alcaldía del Municipio Torbes, Departamento de Ingeniería, para que se abstuvieran de expedir cualquier solicitud de documento a los fines de posesionarse de su propiedad.
En fecha 5 de abril del 2000 (fl. 137) la Dra. Marina Velasco de Acero, rechazó e impugnó los pedimentos en diligencia de la contraparte, toda vez que el ciudadano Pablo Antonio Acero Reyes, no había sido notificado legalmente, a tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, impugnó formalmente el instrumento justificativo y el supuesto título de propiedad del querellante, corriente al folio 6.
Mediante escrito de fecha 5 de abril del 2000 (fl. 138 al 140) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, obrando por sus propios derechos, promovió pruebas.
En fecha 6 de abril de 2000 (fl. 141) la abogado Marina Velasco Acero, con el carácter de autos, consignó las pruebas promovidas en los numerales décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno, del escrito de pruebas consignado en fecha 5/4/2000.
En fecha 7 de abril de 2000 (fl. 145), la abogado ERIKA BECERRA, solicitó al Tribunal ordenara las medidas y diligencias que aseguraran la eficacia y respeto al decreto de amparo dictado en esta causa. Al cual habían hecho caso omiso, por parte del querellado. Y consignó comunicación emanada de la Alcaldía del Municipio Tórbes San Josesito, de fecha 4 de abril de 2000, a la Ingeniero Cecilia Contreras de Roche, Directora de Ingeniería-Catastro y Planificación Urbana- Municipio Torbes del Estado Táchira.
En fecha 10 de abril de 2000 (fl. 149 y 150) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, con el carácter de autos, promovió otras pruebas complementarias a la presentadas el día 5 de abril de 2000.
En fecha 14 de abril del 2000 (fl. 155 al 157) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, presentó escrito de alegatos.
En fecha 14 de abril de 2000 (fl. 163) el abogado HELMISAN BEIRUTI ROSALES, consignó poder que le fuera conferido junto a la abogado Darzy Solvey Rosales Calderon, por el ciudadano CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ.
Por diligencia de fecha 24 de abril de 2000 (fl. 166), el demandado PABLO ANTONIO ACERO REYES, ratificó en todas y cada una de sus partes las actuaciones realizadas por su apoderada copropietaria comunera y cónyuge Marina Velasco de Acero.
Por auto de fecha 27 de abril de 2000 (fl. 169) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró que todas las actuaciones practicadas a partir del 28 de marzo de 2000, por la abogada MARINA VELASCO DE ACERO, así como por el ciudadano PABLO ANTONIO ACERO REYES, no tenían efecto jurídico alguno, ya que hasta esa fecha el querellado PABLO ANTONIO ACERO, no había sido citado conforme a lo establecido en el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, por cuanto había sido cumplida la medida decretada, ORDENO la citación de la parte querellada, ciudadano PABLO ANTONIO ACERO, por medio de boleta.
Por diligencia de fecha 2 de mayo de 2000 (fl. 1729 la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, apeló del auto de fecha 27 de abril de 2000.
En fecha 5 de mayo de 2000 (fl. 173) el alguacil del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, declaró haber citado al querellado de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 8 de mayo de 2000 (fl. 183) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, oyó la apelación interpuesta por la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, contra el auto de fecha 27 de abril de 2000.
Por auto de fecha 17 de mayo de 2000 (fl. 186) el Juzgado Cuarto Civil, ordenó expedir la boleta de notificación al querellado, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 06 de junio de 2000 (fl. 194) la Secretaria Accidental del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Estado Táchira, dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 14 de junio de 2000 (fl. 201) el querellado PABLO ANTONIO ACERO REYES, confirió poder especial a la abogado MARIA VELASCO DE ACERO.
En fecha 15 de junio de 2000 (fl. 202) los abogados DARZY SOLVEY ROSALES CALDERON y/o ERIKA YOLIMAR BECERRA CASANOVA y/o HELMISAM BERIRUTI ROSALES, promovieron pruebas.
Por auto de fecha 16 de junio de 2000 (fl. 204) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, negó la admisión de las pruebas promovidas por el querellado PABLO ANTONIO ACERO REYES, en el NUMERAL TERCERO (únicamente respecto a los contratos de arrendamiento de fechas 05 de marzo de 1996 y 27 de enero de 1987) DECIMO SEXTO, VIGÉSIMO TERCERO; VIGÉSIMO QUINTO Y TRIGÉSIMO SEGUNDO. En cuanto a las restantes numerales los admitió cuanto ha lugar en derecho por haber sido presentadas en tiempo hábil. Acordó agregar al expediente copia fotostática certificada de los anexos que habían sido consignados en fecha 5 de abril del 2000, y que habían sido guardados en la caja de seguridad del Tribuna. Corren agregadas las copias a los folios 207 al 268.

Por auto de fecha 16 de junio de 2000 (fl. 269) el Juzgado Cuarto Civil, admitió las pruebas promovidas por la abogada ERIKA YOLIMAR BECERRA.
En fecha 20 de junio de 2000 (fl. 271 y 272) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, con el carácter de autos, en relación al auto de fecha 16 de junio de 2000, referente a las pruebas cuya admisión fue negada, las promovió nuevamente.
Por auto de fecha 20 de junio de 2000 (fl. 276) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, admitió las pruebas promovidas por la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, en fecha 20 de junio de 2000.
Al folio 278 al 280 riela la declaración de FERNANDO SÁNCHEZ NIÑO.
Al folio 282 al 284 riela la declaración de LUIS FERNANDO ORTIZ ORTIZ.
Al folio 287 al 289 riela la declaración de JOSE DIÓGENES RANGEL BARRIOS.
A los folios 290 al 293 riela la declaración de FREDDY ANDRES VITTO OVALLES.
ALEGATOS
A los folios 297 al 299 riela el escrito de alegatos de la parte actora consignados por la abogado ERIKA YOLIMAR BECERRA CASANOVA.
Por diligencia de fecha 14 de julio de 2000 (fl. 301) la abogado Marina Velasco de Acero, impugnó el escrito de los alegatos del querellante.
A los folios 304 y 305 riela la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de fecha 9 de junio de 2000, relacionada con el Recurso de Hecho interpuesto por la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, contra la negativa dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, de oír en ambos efectos la apelación por ella interpuesta contra el auto de fecha 27 de abril del mismo, en la cual declaró no tener materia sobre la cual decidir.
En fecha 31 de julio del 2000 (fl. 308) se ordenó abrir la segunda pieza del expediente.
Al folio 334 riela la ratificación de la declaración rendida por la ciudadana Ana Adela Tallaferro de Berbesi, en el Justificativo de testigos promovido por la parte querellada.
Al folio 335 riela la ratificación de la declaración rendida por la ciudadana MARLENE CAMACHO MURILLO, en el Justificativo promovido por la parte querellada.
Al folio 336 riela la ratificación de la declaración de MARCELO ACERO, rendida en el Justificativo promovido por la parte querellada.
Al folio 337 riela la ratificación de la declaración de JUAN ROBERTO LABRADOR ZAMBRANO, rendida en el Justificativo de Testigos promovido por la parte querellada.
A los folios 338 y 339 y sus vueltos riela la ratificación por parte de los ciudadanos ROSARIO BERBESI, REMIGIO RAMÍREZ, JHON ALEXANDER DUARTE MEDINA, DORIS ELENA ZAMBRANO CASTRO, DIOSELINA ZAMBRANO MEDINA, del documento inserto a los folios 142 y 143.
ALEGATOS
A los folios 342 al 348 riela el escrito de alegatos presentado por la abogado MARINA VELASCO DE ACERO.
Por diligencia de fecha 09 de agosto de 2000 (fl. 350) la abogado Erika Yolimar Becerra Casanova, solicitó se le diera plena vigencia al interdicto de amparo decretado con ocasión de esta querella interdictal.
INHIBICIÓN
El abogado CARLOS GALVIZ HERNÁNDEZ, Juez Provisorio del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil, SE INHIBIO de continuar conociendo de la presente causa y vencido el lapso de allanamiento ordenó la remisión del expediente a un Tribunal de la misma categoría.
Inhibición ésta que fue declarada sin lugar, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por decisión de fecha 10 de octubre de 2000. (fl. 631 y 632).
En fecha 6 de octubre de 2000 (fl. 364) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, le dio entrada al expediente, bajo el No. 14749.
Mediante diligencia de fecha 6 de noviembre de 2000 (fl. 368 y 369 y sus vueltos) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, consignó copia fotostática simple de documentos públicos de las ventas hechas por el ciudadano CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ:
Venta A Eleuterio Mendoza y María del Carmen Caballero Caña de Colmenares, según documento Protocolizado el 13-02-1980, bajo el No. 53, Tomo 4.
Venta a Pablo Useche Martínez, documento Protocolizado el 28-08-1980, bajo el No. 80, Tomo 9.
Venta a Cecilia Cacique, documento protocolizado el 24-09-1980, bajo el No. 64, Tomo 5.
A florentino Díaz, venta el 24-09-1980, bajo el No. 75, Tomo 5.
Venta a José de Jesús Colmenares documento Protocolizado el 08-10-1980, bajo el No. 7, Tomo 11.
A Tiburcio Colmenares, documento protocolizado el 28-02-84, bajo el No. 44, Tomo 3, Adic., Protocolo primero y éste a su vez, vendió su terreno a Carlos Julio Gallo. Así mismo la Alcaldía del Municipio San Cristóbal detectó doce (12) ventas por Notaría a varios adquirientes que quedaron tapiados en la zona del terremoto de 1981. Así lo ofició la Oficina Subalterna de Registro Público el 24 de febrero de 1994, oficio No. 11, oficio 262.
Venta a Pedro Antonio Hoyos Vallejo, documento Protocolizado el 09-05-1986, bajo el No. 12, Tomo 8, segundo trimestre.
Venta al mismo Pedro Antonio Hoyos Vallejo el 09-05-1986, bajo el No. 13, Tomo 8 adic.
Venta a Aquilino Valencia Villamizar el 24-02-1989, bajo el No. 34, Tomo 16.
Venta a Tomás Valencia Villamizar el 28-07-12989, bajo el No. 37, Tomo 9, igualmente venta por documentos notariados en la Notaría Pública Segunda de esta ciudad de San Cristóbal, a Mazen Mod Al Shageb el 31-03-2000. Notariado bajo el No. 40, Tomo 67. Así mismo el testigo del Justificativo y testigo de las pruebas José Diógenes Rangel ha vendido con el poder que Cristóbal le otorgó y que corre en fotocopia en este expediente a los folios 158-160, realizado: Venta a José Ramón Castillo bajo el No. Tomo 168. Venta a Mazen Moh’dad al Shayeb el 27 de julio de 1999, bajo el No. 63, Tomo 168. Se trata de otra venta al mismo árabe. Venta (otra) a Mazen Moh’d Al Shageb al Shageb, el mismo 27 de julio de 1999, bajo el No. 64, Tomo 168, otra venta a José Ramón Castillo el 27 de julio de 1999, bajo el No. 60, Tomo 168; Otra venta a José Ramón Castillo el 27 de julio de 1999, bajo el No. 46, Tomo 168, Para un total de ventas de treinta (30) sobre el mismo lote de terreno que una vez detentó Cristóbal Jaimes Quiroz y que vendió y se fue del lugar, y por eso no tiene cualidad jurídica para pedir posesión que nunca ha tenido. También agregó el informe médico del demandado. En total agregó 46 folios utilizados en fotocopia de ventas h echas por Cristóbal Jaimes Quiroz y José Diógenes Rangel, quien sin ser abogado funge como apoderado del mismo, tres (3) folios útiles de oficio de la Alcaldía San Cristóbal al Registrador Subalterno del Municipio San Cristóbal, Poder de Cristóbal Jaimes Quiroz, a Manuel Trujillo Triana y fotocopia de un plano levantado para vender donde se toma el área de la finca del demandado. (fl. 370 al 415).
Mediante diligencia de fecha 16 de noviembre de 2000 (fl. 416) el abogado Helmisan Beiruti Rosales, impugnó las copias simples presentadas por el demandado, que corren en el folio 370 y rechazó por falsos y por extemporáneos la totalidad de los alegatos explanados por la parte querellada.
Por auto de fecha 23 de noviembre de 2000 (fl. 418) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, DECRETO MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el inmueble adquirido por CRISTÓBAL JAIMES QUIROZ, el día 24 de noviembre de 1977, bajo el No. 93, Tomo 4, folios 248 y 249, acordando oficiar al Registrador Subalterno del Primer Circuito de esta ciudad, así mismo oficiar a la Alcaldía del Municipio Torbes del Estado Táchira.
Mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2000 (fl. 424-426) la abogado MARINA VELASCO DE ACERO, solicitó se solicitara información de las denuncias por hechos similares contra los abogados Darsy Solvey Rosales Calderón, Helmisan Beiruti Rosales, Erika Yolimar Becerra y sus cómplices como el árabe Mazen Mon’d Al Shayeb al Shayeb, Nerio Rosales Calderón en la Defensoria del Pueblo, en el Colegio de Abogados, en el Juzgado Cuarto Civil y Mercantil, Fiscalía Tercera.
Por auto de fecha 6 de diciembre de 2000 (fl. 431) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de conformidad con lo solicitado por el abogado Helmisan Beiruti Rosales, en su condición de apoderado de la parte demandante, y de conformidad con lo previsto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la oposición a la medida decretada por el Tribunal en fecha 23 de noviembre de 2000 (fl. 418) LAS ADMITIO. Y al efecto ordenó oficiar al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, a fin de que remitiera copia certificada de la Querella de Amparo Constitucional relacionado con el expediente No. 12.852, así mismo acordó oficiar al Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta misma Circunscripción, para que remitiera copia certificada del escrito del libelo de la demanda relacionada con la acción de deslinde que corre bajo el No. 1204.
Por diligencia de fecha 20 de diciembre de 2000 (fl. 435) la abogado Marina Velasco de Acero, impugnó la diligencia del actor del día 05-12-2000.
INHIBICIÓN
La abogado GLADIS CAÑAS SERRANO, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 5 de febrero de 2001, SE INHIBIO de continuar conociendo de la presente causa y vencido el lapso de allanamiento ordenó la remisión del expediente a un Tribunal de la misma categoría. (fl. 442).
Esta inhibición fue resuelta por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción judicial del Estado Táchira, por decisión de fecha 19 de febrero del 2001, declarándola con lugar. (fl. (fl. 604 y 605).
Por auto de fecha 20 de febrero del 2001 (fl. 448) se le dio entrada al expediente en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
INHIBICIÓN
El Abogado PABLO SUAREZ TREJO, Juez Provisorio del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 19 de marzo del 2001, se inhibió de seguir conociendo de la presente causa y vencido el lapso de allanamiento ordenó la remisión del expediente a un Tribunal de la misma categoría. (fl. 449)
Esta inhibición fue decidida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por decisión de fecha 18 de abril de 2001, declarándola con lugar. (fl. 617 al 622).

En fecha 10 de abril de 2001 (fl. 454) el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, le dio entrada al expediente.
Mediante diligencia de fecha 24 de abril de 2001 (fl. 457) la abogado Marina Velasco de Acero, consignó en seis folios útiles, enumeración de causas de la Dra. Darzy Rosales de Al Shabed en su contra, dada su manera de adquirir bienes.
INHIBICION
La abogado AURA ROSA ONTIVEROS DE MARRERO, Juez Provisorio del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 23 de mayo de 2001, SE INHIBIO de seguir conociendo de la presente causa.
Esta inhibición fue decidida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial, por decisión de fecha 5 de junio de 2001, declarándola con lugar. (fl. 649-651).
En fecha 26 de junio del 2001 (fl. 475) se le dio entrada al expediente nuevamente en este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
Por auto de fecha 26 de junio del 2001 (fl. 476) el Juez Accidental de este Tribunal, NELSON WLADIMIR GRIMALDO HERNÁNDEZ, acordó notificar a las partes del avocamiento y acordó además solicitar de los Juzgados Cuarto y Segundo de Primera Instancia Civil, copia fotostática certificada de la Tablilla demostrativa de los días de despacho, de los lapsos que transcurrieron en cada Tribunal.
En fecha 12 de julio de 2001 (fl. 485) la Secretaria Temporal de este Juzgado, ROSA ILVANY VANEGAS CARDENAS, se inhibió de conocer de la presente causa.
Por decisión de fecha 17 de julio de 2001 (fl. 487-488) el Juez Accidental de este Tribunal declaró con lugar la inhibición de la Secretaria Temporal.
Del folio 490 al 498 rielan copias fotostáticas certificadas de la Tablilla de Demostración de días de Despacho de los meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2000 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 2 de octubre de 2001 (fl. 514) siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto conciliatorio con la asistencia solo de la apoderada de la parte demandada, por lo que no llevó a cabo el acto conciliatorio.
Del folio 515 al 567 riela decisión dictada por el Juez Accidental de este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, Abogado Nelson W. Grimaldo H., de fecha 10 de octubre de 2001.
Apelada como fue dicha decisión, y oída la apelación en ambos efectos, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, del Trabajo, de Estabilidad Laboral y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en decisión de fecha 20 de febrero de 2002 DECLARO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA APELADA, dictada por el Juez Accidental, y ORDENO LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado que se diera cumplimiento debido a las incidencias inhibitorias surgidas durante el proceso y, posteriormente, el Tribunal que resulte competente, dictara nueva sentencia.
Mediante diligencia de fecha 3 de abril de 2002 (fl. 596) la abogado MARINA ACERO VELASCO, consignó las resultas de las inhibiciones hechas por los Jueces: Gladys Cañas Serrano, Aura Rosa Ontiveros de Marrero, pablo Suárez Trejo y, Carlos Martín Galviz Hernández. (fl. 597 al 656).
Por auto de fecha 16 de abril de 2002 (fl. 607) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ACORDO REPONER LA CAUSA al estado de que comenzara a transcurrir nuevamente el lapso para dictar sentencia y por cuanto había sido declarada sin lugar la inhibición propuesta por el abogado Carlos Martín Galvis Hernández, ordenó remitir el expediente al mismo.
Por auto de fecha 18 de abril de 2002 (fl. 660) el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, de esta Circunscripción Judicial le dio entrada al expediente nuevamente, y en fecha 24 de octubre de 2002 (fl. 668) el Doctor Carlos Martínez Galvis Hernández, con el carácter de Juez Provisorio del Tribunal Circunscripción Judicial, se inhibió nuevamente de seguir conociendo de la presente causa.
Por auto de fecha 14 de noviembre de 2002 (fl. 672) se recibió nuevamente el expediente en este Tribunal.
En fecha 16 de enero de 2004 (fl. 700) la Dra. Reina Mayleni Suárez Salas, se avocó al conocimiento de la presente causa.


II
PARTE MOTIVA

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
Reprodujeron el mérito favorable de los autos, lo cual no constituye una prueba sino una obligación de ley para sentenciar, porque por efecto del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos.

DOCUMENTAL: Promovieron el valor probatorio del documento de propiedad anexo al libelo de demanda interdictal que dio pie al procedimiento, el cual reposa en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal, hoy Oficina Subalterna de Registro Público del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, de fecha 24 de noviembre de 1977, anotado bajo el No. 93, Tomo Cuarto, folios 248/249, Protocolo Primero, correspondiente al cuarto trimestre del referido año. Este documento no fue impugnado por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente, por lo tanto, se tiene como fidedigno por tratarse de una copia fotostática simple de un instrumento público, y se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

TESTIMONIAL. A los efectos de ratificar justificativo de testigos que consta en autos, evacuado por ante la Notaría Pública Segunda de esta ciudad de San Cristóbal, en fecha 21 de febrero de 2000, promovieron las deposiciones de los ciudadanos JOSE DIÓGENES RANGEL BARRIOS, FREDDY ANDRES VITTO OVALLES.
Al folio 287 y 289 de la Pieza I, corre acta de fecha 21 de junio de 2000, que contiene el testimonio rendido por el ciudadano JOSE DIÓGENES RANGEL BARRIOS, quien una vez presentado el Justificativo de testigo que corre a los folios 7, 8 y 9 de este expediente, lo ratificó en todas y cada una de sus partes, reconociendo su firma. Así mismo declaró que aparte de unos galpones el señor Cristóbal Jaimes Quiroz era el propietario y poseedor de unos terrenos en San Josecito, lo cual le constaba porque lo conocía desde hacía más de veinte años y había trabajado con él y le había vendido varias casas y lotes de terreno; que existen propietarios y testigos que avalan los linderos dicha propiedad; que hace catorce años el señor Cristóbal Jaimes Quiroz le prohibió a la familia Acero construir unos galpones en terrenos propiedad de él; que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz le dio un poder para vender los terrenos a lo cual se opuso la abogada del querellado y que otra perturbación fue que cuando él fue a encerrar los terrenos se presentó la abogada Marina Acero y se lo impidió. REPREGUNTADO CONTESTO: Referente ha si tenía interés en este juicio el testigo respondió que tenía interés en que se aclarara todo el problema de los linderos a favor de Cristóbal; a la repregunta de que si sabía que Pablo Antonio Acero había comprado un terreno que colinda con el de Cristóbal Jaimes Quiroz, contestó que desconocía donde tenía el terreno Pablo Acero; y a la repregunta de porqué no trajo un acta a la cual él hizo referencia a su declaración, contestó que no sabía que tenía que traerla.
La declaración de este testigo no la aprecia ni valora el Tribunal, por cuanto se observa que el testigo tiene un marcado interés en las resultas del juicio, pues el mismo declaró que tenía interés en que se aclarara todo el problema de los linderos a favor de Cristóbal, además que su condición de apoderado de la parte promovente lo hace inhábil para declarar, por una parte; por otra parte, sus declaraciones no tienen congruencia con los demás elementos probatorios que corren en autos, pues declaró por un lado que tenía más de veinte años conociendo y trabajando con el querellante Cristóbal Jaimes Quiroz y por otro lado declaró que no sabía donde quedaba los terrenos del querellado Pablo Antonio Acero, cuando lo lógico es que teniendo este último los terrenos desde el año 1977, conforme al instrumento que corre a los folios 207 al 210, debiera saber donde se encuentran.

A los folios 290 al 294 de la Pieza I, corre acta de fecha 21 de junio de 2000, que contiene el testimonio rendido por el ciudadano FREDDY ANDRES VITTO OVALLES, a quien una vez se le presentó el Justificativo de Testigos que corre a los folios 7, 8 y 9 de este expediente, lo ratificó en todas y cada una de sus partes. Así mismo declaró que a él le consta que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz era poseedor de terrenos ubicados detrás de galpones construidos por el señor Pablo Antonio Acero, en San Josecito, pues el fue varias veces con el señor Diógenes Rangel a la residencia del señor Cristóbal Jaimes Quiroz y este último les mostró documentos por más de cuarenta años como propietario de los terrenos mencionados; que le constaba que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz tenía planos de levantamiento topográficos sobre el terreno de su propiedad, los cuales se encontraban en el Ministerio del Ambiente; que casi siempre acompañaba al señor Diógenes Rangel a los terrenos de Cristóbal Jaimes Quiroz en los cuales habían unas siembras muy pequeñas; que él no tenía ningún interés sobre los terrenos y que solamente había acompañado a Diógenes Rangel a la casa de Cristóbal Jaimes Quiroz y ha visto que los están injustamente tratando en forma marginal; que en varias oportunidades que él ha estado en los terrenos de Cristóbal Jaimes Quiroz, en unos de los galpones se encuentra un vigilante que los ha amenazado y no ha permitido que camine alrededor de los terrenos de Cristóbal Jaimes y que en otras oportunidades el mismo Cristóbal Jaimes le comentó que había sido amenazado y que no le había permitido el acceso a su terreno; que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz desde hacía varios años ha estado amenazado por el señor Acero pues Cristóbal Jaimes le ha comentado que no lo han dejado entrar a sus terrenos; que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz siempre va acompañado a sus terrenos pues se encuentra en una silla de ruedas; que a él le consta que tanto Cristóbal Jaimes Quiroz como Diógenes Rangel siempre habían sido amenazados; que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz siempre le ha comentado el temor que siente por la amenaza de Pablo Antonio Acero. REPREGUNTADO CONTESTO: referente a cuantas personas había visto armadas en la finca de Pablo Antonio Acero, contestó que había un vigilante que siempre estaba armado con una escopeta; a la repregunta de cuando vio que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz fuese amenazado por el señor Pablo Antonio Acero, respondió que en los terrenos siempre habían amenazas y que el último acontecimiento estuvo presente el señor Diógenes Rangel; a la repregunta de cuantas veces había estado en la finca de Pablo Antonio Acero Reyes, contestó que siempre había estado en la finca de Pablo Antonio Acero Reyes, contestó que siempre había estado con el señor Diógenes Rangel en la casa del señor Cristóbal Jaimes Quiroz; a la repregunta de que porque el afirmaba que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz había adquirido esa propiedad desde hacía cuarenta años, contestó, que porque el señor Cristóbal Jaimes Quiroz siempre le mostraba unos documentos que decían que él era el dueño desde más o menos del año 1950; a la repregunta de que si el vino a declarar lo que había visto o lo que le había dicho Cristóbal Jaimes Quiroz, contestó que él había venido porque Cristóbal Jaimes Quiroz en varias oportunidades le había hablado de la injusticia que se estaba cometiendo contra él y que le había pedido que colaborara con todo lo que fuera posible sobre los terrenos que él era dueño, sobre la repregunta de porque si vivía en Capacho siempre andaba con Diógenes Rangel y visitando a Cristóbal Jaimes Quiroz, contestó porque él era comerciante y es amigo de Diógenes Rangel el cual siempre va a visitar a Cristóbal Jaimes Quiroz; a la repregunta de porque se había declarado que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz, estaba en una silla de rueda como era que él se paseaba los linderos de la finca, contestó que el señor Cristóbal Jaimes Quiroz a pesar de su edad estaba muy lúcido y que se paseaba la finca dos o tres personas que lo cargaban en la silla y así fue como se conoció los linderos de la finca; a la repregunta de que si sabía en que condiciones el señor Cristóbal Jaimes Quiroz había autorizado a sus abogados y Diógenes Rangel a vender la finca, contestó que él sabía que los abogados eran el Helmisan Rosales y que al señor Diógenes le había firmado un poder, desconociendo cuales eran los porcentajes.
La declaración de este testigo no la aprecia ni valora el Tribunal, por cuanto los hechos sobre los cuales rinde testimonio no fueron percibidos por si mismo, sino que en la mayoría de sus deposiciones siempre hace referencia a que le fue comentado o dicho por la parte querellante Cristóbal Jaimes Quiroz, además que muestra un interés en que las resultas del juicio sean favorables a la parte que lo promovió, pues el mismo declaró que él había venido porque Cristóbal Jaimes Quiroz en varias oportunidades le había hablado de la injusticia que se estaba cometiendo contra él y que le había pedido que colaborara con todo lo que fuera posible sobre los terrenos que él era dueño, además en el Justificativo de testigo que él ratifica, señala en la quinta respuesta que “debe intervenir un órgano judicial que ampare al señor Cristóbal, porque esa gente se esta aprovechando de que él es un señor anciano que está invalido”, todo lo cual muestra una influencia marcada de la parte querellante sobre el testigo.
Como consecuencia de que los testigos del Justificativo han sido desechados por el Tribunal, en la oportunidad de ratificarlo, esta prueba conformada por el Justificativo de testigo no la aprecia, ni valora el Tribunal.


PRUEBAS DE LA PARTE QUERELLADA

PRIMERA: Mérito favorable de las actas y diligencias que corren en el expediente.
SEGUNDA: Mérito y valor jurídico de los documentos Protocolizados por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio San Cristóbal, de fecha 21 de enero del año 1977, y 11 de mayo de 1977, bajo el No. 74, Tomo 8, Protocolo I y el primero bajo el No. 21, Tomo 7, Protocolo I, los cuales agregó “A” y “B”.
Estos instrumentos el Tribunal los aprecia y valora de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y prueba en consecuencia que el querellado en esas fechas compró unos lotes de terreno ubicados en el mismo sitio donde se encuentra ubicado el inmueble del querellante, uno de los cuales colinda con el querellante (lindero Oriente).
TERCERA: Mérito y valor jurídico de los contratos de arrendamientos otorgados por ante las Notarías Públicas de San Cristóbal, de fechas 16 de mayo de 1997; 08 de abril de 1996; 05 de marzo de 1996; 18 de julio de 1983, por ante el Juzgado del Distrito hoy Municipio Cárdenas del Estado Táchira, 20 de agosto de 1991, 14 de Junio de 1989, 27 de agosto de 1997; 06 de marzo de 1996; 26 de junio de 1997; Y 27 DE ENERO DE 1987, los cuales agregó marcados “C”.
Tres de los documentos citados en el numeral anterior corren agregados a los folios 211 al 219, ambos inclusive, el Tribunal no los aprecia ni valora por no haber sido promovidos en la debida oportunidad por la parte que los agregó.

El documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de San Cristóbal, el 20 de agosto de 1991, bajo el No. 15, Tomo 152, cuyo original se encuentra en la caja de seguridad del Tribunal, y que corre agregado al expediente a los folios 220 al 222, se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y prueba en consecuencia que en esa fecha el querellado arrendó un inmueble ubicado en la misma localidad de los lotes de terreno a que se refiere los documentos que corren agregados a los folios 207 al 210 de su propiedad.
La copia fotostática certificada del documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de San Cristóbal, de fecha 18 de abril de 1996, bajo el No. 70, Tomo 35, que corre al folio 223 al 225, cuyo original se encuentra en la caja de seguridad del Tribunal, se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y prueba en consecuencia que en esa fecha, una sociedad mercantil que representa el querellado, arrendó un inmueble ubicado en la misma localidad de los lotes de terreno a que se refiere los documentos que corren a los folios 207 al 210.
Copia fotostática certificada del documento privado reconocido por ante el Juzgado del Distrito Cárdenas de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Pública Primera de San Cristóbal, el 18 de julio de 1983, agregada a los folios 226 al 227, cuyo original se encuentra en la caja de seguridad del Tribunal. Dicho documento se refiere a un contrato de arrendamiento realizado por el querellado, de un inmueble cuya ubicación no se precisa, en consecuencia este instrumento no lo aprecia ni valora el Tribunal, por no estar referida en forma inmediata y directa a la dilucidación de lo que son los hechos controvertidos, y por tanto no hace mérito probatorio a favor o en contra de ninguna de las partes.
Copia fotostática certificada de documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de San Cristóbal, el 16 de mayo de 1997, bajo el No. 31, Tomo 47, (fl.228 al 230) cuyo original se encuentra en la caja de seguridad del Tribunal, se valora de conformidad con el artículo 1.357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y prueba en consecuencia que en esa fecha el querellado arrendó un inmueble ubicado en la misma localidad de los lotes de terreno a que se refiere los documentos 207 al 210 de su propiedad.
Copia fotostática certificada del documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de San Cristóbal, el 26 de julio de 1997, bajo el No. 46, Tomo 74, (fl. 231 al 233), cuyo original se encuentra en la caja de seguridad del Tribunal, se valora de conformidad con el artículo 1.357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y prueba en consecuencia que en esa fecha, una sociedad mercantil que representa el querellado, arrendó un inmueble ubicado en la misma localidad de los lotes de terreno a que se refieren los documentos que corren a los folios 207 al 210.
Copia fotostática certificada del documento autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de San Cristóbal, el 14 de junio de 1989, bajo el No. 81, Tomo 14, (fl. 234 al 235), cuyo original se encuentra en la caja de seguridad del Tribunal, se valora de conformidad con el artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y prueba en consecuencia, que la ciudadana MARINA VELASCO DE ACERO, arrendó un inmueble ubicado en la misma localidad de los lotes de terreno a que se refiere los documentos de los folios 207 al 210.
Copia fotostática certificada del documento autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de San Cristóbal, el 06 de marzo de 1996, bajo el No. 35, Tomo 20, (fl. 236 al 239) cuyo original se encuentra en la caja de seguridad del Tribunal, se valora de conformidad con el artículo 1.357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y prueba que en esa fecha una sociedad mercantil que representa el querellado, arrendó un inmueble ubicado en la misma localidad de los lotes de terreno a que se refiere los documentos 207 al 210 propiedad del querellado y que colindan con el querellante.
CUARTA: Promovió y opuso marcado “D”, Justificativo de testigos evacuado por ante el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Tórbes del Estado Táchira, de fecha 11 de Febrero del 2000; dónde los vecinos de San Josesito, Aldea San Josesito, especifican y testifican con lujo de detalles los pormenores de la Querella Interdictal. Solicitó se fijara oportunidad para la ratificación del justificativo, que corre en fotocopia a los folios 57 al 65.
A los folios 325 al 330 corren actas de ratificación del Justificativo de testigos a que se refiere el numeral anterior, compareciendo los ciudadanos ANA ADELA TALLAFERRO DE BERBESI, MARLENE CAMACHO MURILLO, MARCELO ACERO CAÑAS y JUAN ROBERTO LABRADOR ZAMBRANO, en fecha 12 de julio de 2001, quedando ratificado el justificativo, razón por la cual se analizan dichas declaraciones de la siguiente manera:
ANA DELIA TALLAFERRO DE BERBESI, manifestó que conocía al querellado Pablo Antonio Acero y a su esposa desde más de 25 años por ser vecinos de ella; que le consta que el querellado tenía una finca ubicada en San Josesito, Estado Táchira, desde hace más de 30 años, la cual quedaba cerca de su casa, finca que él había comprado en el año 72 y registrados sus documentos en el año 75, un primer lote al señor Pedro Sánchez y un segundo lote a la señora Lina Rosa Sánchez y Teodora Sánchez; que la finca del querellado se componía de dos lotes de terreno que formaban uno solo la cual tenía los linderos descritos; que las escrituras del querellado decían que la finca tenía 31 hectáreas; que toda su vida había visto trabajando al querellado la finca, con obreros, realizándole mejoras millonarias y que por tanto los únicos dueños que la comunidad conoce era el querellado; que el querellante Cristóbal Jaimes se lo vivía por el Barrio ofreciendo terrenos del querellado, que al esposo de ella y de su familia le habían ofrecido pedazos de terrenos de la finca del querellado; que ella sabía que el querellado había gastado mucho dinero en la finca durante 25 años, que la finca tenía agua, luz, sembradíos; que le consta que el querellante había mandado a vender terrenos de los esposos Acero Velasco; que el querellado varias veces había cercado la finca con alambre de púas y se la habían robado e incendiado y habían desaparecido las señales donde estaban los linderos de la finca; que a ella le consta que los sembraba la gente se lo robaba o destruía, que había mucha gente mala; que a ella le consta que el querellado le había tocado llevar la Guardia Nacional y policía para sacar invasores, porque desde que habían arreglado la finca le tenían mucha hambre y querían robarse las mejoras y la tierra.
MARLENE CAMACHO MURILLO, declaró que conocía al querellado Pablo Antonio Acero y a su esposa desde más de 23 años, porque ella había trabajado en San Josesito, donde los veía; que a ella le consta que el querellado tenía una finca de muchas hectáreas; que era una finca de dos lotes y cada uno tenía más de 15 hectáreas y que una vez un señor llamado Diógenes voló unas cercas para apropiarse de unos terrenos del querellado; que era verdad que el querellado le había comprado los terrenos de la finca a Lina Rosa, Pedro Sánchez y Teodora Sánchez a quienes conocía, los cuales habían nacido ahí, y que esos terrenos eran de los padres de Lina Rosa y Pedro Sánchez; que el terreno de la señora Lina Rosa y Teodora Sánchez, tenía 15 hectáreas y el de Pedro 16 hectáreas; que el querellado desde que compró esas fincas las había poseído como dueño, las cultivó de café, yuca, plátano y lechosa, pero que todo lo que sembraban se lo robaban; que el señor Cristóbal decía que él arreglaba con una doctora los libros del registro y que él había volado los linderos y las cercas y que le había dado un poder a un tal Diógenes para vender los terrenos de los señores Acero Velasco; que a ella le consta que el querellado había invertido una gran fortuna durante 25 años colocando luz trifásica, agua y siempre veía al querellado arreglando los galpones; que los señores Acero Velasco habían arreglado esos terrenos con maquinaria pesada y que el querellante mandaba a testaferros a vender las propiedades de los Aceros Velasco, que a ella le consta que el querellado había puesto varias veces alambre de púas y al día siguiente se los quitaban, quemaban y talaban los árboles; que ella sabía que el querellante mandaba a quitar las cercas que el querellado ponía, lo cual sabía porque ella vendía productos por esa zona, que el querellado había estado poseyendo durante 25 años esos terrenos, siempre cultivando y cuidando la finca pues siempre se la había querido invadir.
MARCELO ACERO CAÑAS, declaró que a él le consta que en 20 años que tenía conociéndolos al querellado había comprado la finca que eran terrenos propios; que a él le consta que la finca se componía de dos lotes de terrenos, que uno era de la sucesión de Pedro Sánchez y el otro de Lina Rosa y Teodora Sánchez, los cuales la había heredado de sus padres y que esa gente nacieron ahí y vivieron toda la vida ahí y ellos fueron los que se la vendieron a los esposos Acero y que los linderos eran los que decían las escrituras, lo cual sabía porque él había vivido toda la vida en San Josesito; que le consta que el querellado había comprado por documento registrado pues todo el vecindario supo que los Sánchez habían vendido al señor Acero; que la finca era dos lotes de terrenos por ser dos sucesiones distintas; que toda la vida había visto al querellado trabajando la finca y tenía obreros, haciéndoles mejoras millonarias, habían sembrado café, plátano, yuca, lechosa, y que varias veces habían cercado en el día y en la noche desaparecían y se robaban los sembradíos y los linderos los desaparecían; que el querellante había ofrecido los terrenos del querellado y que hasta a él se lo habían ofrecido; que le constaba que el querellado había hecho mejoras millonarias; que la finca tenía luz, agua, galpones, servicios públicos y le habían metido maquinaria pesada y que el querellante decía que eran de él porque había volado los linderos; que el querellante había ofrecido las parcelas del querellado y que había visto a varios apoderados del querellante; que el querellado había cercado varias veces la finca con alambre de púas y se habían robado la misma desapareciendo los mojones de los linderos, los cultivos se los robaron y las matitas las arrancaban de raíz; que los esposos Acero Velasco siempre habían estado pendiente y cuidando la finca pues siempre los habían querido invadir y todo el vecindario que eso es de ellos, hasta el Alcalde y parte de las autoridades pues los habían tenido que llevar para sacar invasores.
JUAN ROBERTO LABRADOR ZAMBRANO, declaró que conocía al querellado Pablo Antonio Acero y a su esposa pues él era comandante de un puesto policial de San Josesito donde ellos llegaban pidiendo la colaboración porque le estaban invadiendo sus terrenos, hace aproximadamente 17 años; que en el momento en que el querellado llegaba para pedir la colaboración presentaban los documentos y escrituras de la finca; que le constaba que la finca estaba formada por dos lotes y los linderos eran los que decía el escrito, pues así lo decían las escrituras y él varias veces los acompañó a recorrer los linderos de la finca; que las escrituras rezan que los lotes de terreno tienen 31 hectáreas; que en varias oportunidades le tocó que ir a la finca del querellado a sacar personas que estaban robando los cultivos y mojones y eran personas mandadas por Cristóbal Jaimes Quiroz, pues él decía que no le podían hacer nada por la edad que tenía, y había yuca, café y lo hacían para perder las medidas de los terrenos y linderos, que el querellante había querido vender como suya la finca del querellado y en varias oportunidades tuvo que hacerle la observación a Cristóbal Jaimes que respetara los linderos; que él como comandante de puesto siempre iba y encontraba al querellado trabajando la finca, haciéndole reparaciones, que la finca tiene una casa y seis galpones muy costosos, pues el querellado había trabajado toda la vida en esa finca; que en más de una oportunidad le tocó que parar las ventas que el querellado hacía por notaría y que toda la comunidad era testigo de ello; que como comandante de puesto en algunas oportunidades vió que le habían metido candela a las cercas, movían los mojones y se llevaban café y cambures; que en el día ponían las cercas y al otro día ya no estaban, pues Cristóbal Jaimes mandaba a hampones a hacer eso y luego se apareció con unos abogados y toda la vida ha estado vendiendo los mismos lotes de terreno; que en varias oportunidades ha estado en la finca del querellado sacando invasores, que el querellado a las seis de la mañana ya estaban en la finca con obreros arreglándola con maquinaria pesada, invirtiendo mucha plata.
El Tribunal aprecia y valora las cuatro (4) anteriores declaraciones por una parte, por cuanto se observa que sus deposiciones concuerdan con los demás elementos probatorios que corren en autos, tales como el instrumento que corre al folio 207 al 210, mediante el cual el querellado demuestra la propiedad de una finca ubicada en San Josesito, Estado Táchira, con una extensión total de 31 hectáreas, y por otra parte, porque el querellante tuvo la oportunidad para controlar esta prueba mediante la formulación de repreguntas al testigo, en la oportunidad de ratificar el justificativo.

QUINTA: Promovió y opuso Planillas del Ministerio de Justicia, Registro Público serie E No 291370 y serie E, No. 104110; del 12 de enero de 1977, y 04 de mayo de 1977, para que surta sus efectos legales anexo “E”, (fl. 250 al 251 Pieza I), el Tribunal no deduce de estos recaudos ningún mérito probatorio, por lo tanto el Tribunal no les asigna ningún valor probatorio.
SEXTA: Promovió y opuso documento del folio en papel sellado H-75 No. 19080054; en el cual Orlando Gamboa Cárdenas, Pablo Antonio Acero Reyes, Lina Rosa Sánchez, Teodora Sánchez, convinieron en vender las mejoras a Pablo Antonio Acero Reyes, ubicando linderos, reconociendo Orlando Gamboa Cárdenas, la propiedad de las vendedoras a Pablo Antonio Acero Reyes, que anexo “F”, (fl. 252), cuyo original se encuentra en la caja de seguridad del Tribunal, por estar suscrito este documento por terceros que no son parte en el juicio, y no haber sido promovida su ratificación en el lapso probatorio, no se le confiere valor probatorio.
SÉPTIMA: Promovió y opuso telegramas de Caracas, Miraflores de fecha 18 de julio de 1990, suscrito por la ciudadana Gladis López, Secretaria del Presidente de la República en contestación a su solicitud de instalar la luz en San Josesito, marcado “G”. Telegrama de Caracas Miraflores del 05 de enero de 1991; donde pidió audiencia para solicitar la luz trifásica de la finca, porque por el Estado Táchira, le era negada la instalación; telegrama del 29 de diciembre de 1990; Caracas, Miraflores, planteando la necesidad de instalar la luz trifásica en la finca, notificándole al Presidente de la C. A. de Administración y Fomento Eléctrico, marcado “H”. (fl. 253 y 254).
Del contenido de estos instrumentos no se deduce ningún elemento probatorio, capaz de configurar mérito probatorio a favor o en contra de ninguna de las partes, por lo que no se le confiere ningún valor probatorio.
OCTAVA: Promovió y opuso notificación de la Oficina de Catastro Rural, Oficina Subalterna de San Cristóbal, solicitando documentos para inscripción de la finca en el I. A. N., Catastro Rural que prueba su propiedad y posesión anexo “I”. (fl.255).
Por tratarse de un instrumento administrativo, el Tribunal lo valora de conformidad con el artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia prueba que el querellado realizó tramites ante esa dependencia administrativa para registrar un inmueble ubicado en la misma localidad de los lotes de terreno a que se refiere los documentos que corren a los folios 207 al 210.

NOVENA: Promovió y opuso oficio emanado de la Dirección de Política, Prefectura del Municipio Torbes, No. 153 de San Josesito del 21 de Junio de 1999, donde oficia a la Notaría Cuarta no tramitar documentación de ventas ya que Cristóbal Jaimes Quiroz, pretendía ilegalmente vender propiedades de Marina Velasco de Acero y Pablo Acero, dueños de la finca San Josesito, firma Lic. Juan Alberto Sánchez Niño, Prefecto del Municipio, adjunto “K”. (fl. 256).
Este instrumento no lo aprecia ni valora el Tribunal, por cuanto del contenido del mismo se aprecia que dicho funcionario ordena a otro, a que no admita ni procese documentos relacionados con los ciudadanos CRISTÓBAL QUIROZ y DIÓGENES RANGEL, y por lo tanto este oficio esta relacionado con el derecho de propiedad y no de posesión, que es la materia de este juicio, además por considerar que la notificación que realiza dicho funcionario corresponde a los órganos jurisdiccionales y no a esa dependencia administrativa.

DECIMA: Promovió y opuso comprobante de caja, Ingresos de C. A. D. E. L. A del 29-04-94, No. 0300, Bs. 2000, por pago Estudio del Servicio Eléctrico al galpón industrial ubicado en San Josesito, antiguo botadero de basura, agrego “L”. (fls. 257-260).

DECIMA PRIMERA: Promovió y opuso Registro y control de correspondencia despachada de C. A. D. A. F. E. No. 50390-334. Asunto Electricidad Finca San Josesito, de Gerencia de Electricidad de fecha 12-11-90, anexo marcado “LL”. Oficio de C. A. D. A. F. E. De Caracas, donde se le comunica que es imposible acometer dicha obra de electrificación, pidiendo espera por recursos financieros, informa el Ing. Jesús R. Latuffa, director ejecutivo; siendo luego instalado el servicio con pago integro con dinero de mi propio peculio. Anexo “LLI”. Oficio de fecha 05-09-88; donde se le informa el monto a pagar por el trabajo de C. A. D. A. F. E; igualmente comprobante de pago del 14-07-88, por estudio de la solicitud, No. 08298; comunicación de CADELA del 22-02-89, donde aprueban el financiamiento para la instalación de la luz en la finca de San Josesito; correspondencias estas que pidió fueran agregadas para que surtieran sus efectos legales.
Estos instrumentos privados promovidos en los dos numerales anteriores, son emanados de CADELA, la cual no es parte en el juicio y en consecuencia se considera tercero respecto al mismo, no les concede valor probatorio, por cuanto su ratificación no fue promovida en el lapso probatorio, de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

DECIMA SEGUNDA: Promovió y opuso, memorando de la firma mercantil PIEMCA, San Cristóbal, de fecha 13-07-85, suscrita por el Ingeniero Héctor Vargas, avisando cuando hace el depósito de San Josesito a su propietario PABLO ACERO que anexo “M” documento este y los anteriores que si fueron impugnados se fije día y hora para su reconocimiento o se realice Inspección Judicial y Ocular por este Tribunal sobre las oficinas de CADELA o CADAFE PIEMCA. (fl. 261 de la Pieza I).
Se trata de un instrumento privado emanado de la empresa PIEMCA, quien no es parte en este juicio y en consecuencia requería su ratificación mediante la prueba testimonial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y al no haber sido promovido no se le concede valor probatorio.

DECIMA TERCERA: Oficio del entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Freddy Casanova Leal, al Ingeniero Luis García Vivas, gerente de CADELA del 28-03-94; que promovió y opuso, solicitando la atención a la instalación de la luz en San Josesito ya que era imposible que les instalaran a pesar de pagar sumas millonarias por el servicio, el cual pidió se fijara día y hora para que fuera reconocido, si fuere impugnado por el querellante. (fl. 262).
A este instrumento no se le confiere valor probatorio, pues de él nada se deduce capaz de configurar mérito probatorio, a favor o en contra de ninguna de las partes.

DECIMA CUARTA: Oficio del Instituto Agrario Nacional del 17 de junio de 1996; donde la Delegado Agrario Nacional; que de ser impugnado pidió se citara a la ciudadana Dra. Fabiola Chacón López, actual Notario Público de San Cristóbal, para que reconociera el contenido de dicho oficio. (fl. 263).
Del anterior instrumento tampoco se desprende ningún elemento probatorio, a favor o en contra de ninguna de las partes, por lo tanto no se le confiere valor probatorio.
DECIMA QUINTA: Promovió y opuso No. 1, 2, 3 y 4; de CADAFE No. 00633 del 15-4-82, forma 110, No. 2602 del 17-09-90 de sección Fiscalía, Oficio del 29-03-90, asunto suministro eléctrico finca San Josesito, fijando aporte de Bs. 353.087,80 y oficio de asunto presupuesto del 27-05-82 dirigido a PABLO ACERO fijando costo de trabajos para electrificar la finca San Josesito. (fl. 264 al 268).
Estos instrumentos son emanados de terceros que no son parte en el juicio, por consiguiente requerían su ratificación mediante la prueba testimonial, de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y al no haber sido promovida no se les confiere valor probatorio.
DECIMA SEXTA: Mérito y valor jurídico de la actualización del avalúo, hecha por el Arquitecto Boris Bastidas G., inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, bajo el No. 14-296, y miembro de la sociedad de Ingeniería de tasación de Venezuela No 1.596, Superintendencia de Bancos No. 1.334, superintendencia de seguros No. 1.175 que promovió y opuso en treinta (30) folios utilizados, lo cual tiene un valor actual en mejoras de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE BOLIVARES CON SETENTA CENTIMOS (Bs. 322.767.567,70) de fecha 03 de diciembre de 1999, pidió se fijara la oportunidad para que fuera ratificado. De igual forma promovió y opuso informe de avalúo realizado el 24 de febrero de 1997; por el mismo Arquitecto Boris Bastidas G., que corre a los folios 66 al 77 inclusive.
Este instrumento proviene de un tercero que no es parte en el juicio, por lo que era necesario su ratificación mediante la prueba testimonial, de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y al no haber sido evacuada no procede su valoración.
DECIMA SÉPTIMA: Mérito y valor jurídico de los vecinos de la finca San Josesito propiedad de PABLO ANTONIO ACERO REYES y MARINA VELASCO DE ACERO, para lo cual pidió se fijara oportunidad para que fueran ratificados. Agregado en dos (2) folios útiles “6 y 7” original.
A los folios 338 y 339 de la Pieza II corre ratificación de cinco de las veintitrés personas que aparecen suscribiendo el documento privado que fue promovido al folio 240 al 249 de la Pieza I y que en original corre al folio 321 de la Pieza II. En dicho documento los firmantes declaran que conocen al querellado y su esposa desde hace más de veinticinco años pues eran sus vecinos, quienes son dueños de la misma, y desde que la compraron han ejercido su posesión pacífica, continua e interrumpida y en el transcurso de veinticinco años le han hecho grandes mejoras e invertido millones en esa propiedad.
Los testigos fueron repreguntados por la representación del querellante de la siguiente manera:
El ciudadano ROSARIO BERBESI, a la repregunta que quería decir con posesión pacífica a que el hacía referencia, contestó que eso era de ellos, que desde que él lo conocía eso era de ellos; a la repregunta de si conocía a los vecinos de la propiedad del querellado y cual era la extensión de las mejoras de los esposos Aceros, contestó que los conocía pero no les sabía el nombre y que las construcciones eran grandes porque eran galpones de más de ochenta metros.
El ciudadano REMIGIO RAMÍREZ, a la repregunta de quienes eran los vecinos de la propiedad